El Congreso ha reactivado su actividad este martes con la celebración de una sesión de la Diputación Permanente y ha permitido medir el giro de Junts con respecto al Gobierno. El partido de Carles Puigdemont, que es clave para que Pedro Sánchez sobreviva en Moncloa, ha evitado apoyar al Gobierno en las diez votaciones que se han celebrado: de hecho, ha votado contra el Ejecutivo en cuatro y se ha abstenido en seis. Todas las votaciones eran peticiones de comparecencia del PP a Pedro Sánchez (3), José Manuel Albares (2), María Jesús Montero, Óscar Puente y Ana Redondo, además de los presidentes de Efe y Rtve. Finalmente, ninguna ha prosperado porque la composición de la Diputación Permanente es diferente al Pleno y eso ha permitido que el Gobierno salve las votaciones, aunque por la mínima.
La Diputación Permanente, que es el órgano del Congreso que se reúne entre periodos de sesiones para debatir y votar las iniciativas que presenten los grupos parlamentarios, tenía diez puntos en el orden del día, que eran todas las peticiones de comparecencia que han planteado los populares. Junts ha votado a favor de que comparezcan Sánchez por la inmigración y el intento de detención de Puigdemont; Montero, por el concierto fiscal catalán; y, Puente, por el caos ferroviario.
El Gobierno ha salvado las votaciones porque en la Diputación Permanente hay 69 diputados, mientras que en el Pleno hay 350: es decir, la reducción de los representantes hace que no quede del todo reflejado la fuerza de cada grupo parlamentario, como Junts. Si la votación se hubiera producido en un Pleno, el Gobierno habría perdido muchas de las diez votaciones. Además, Podemos también se ha abstenido en dos votaciones, con una Ione Belarra, como portavoz, que ha mostrado también un tono duro contra el Gobierno.
En concreto, el PP ha pedido la comparecencia de Sánchez por tres motivos distintos: para que dé explicaciones de la "emergencia migratoria" que vive España, en un momento en que Sánchez parece estar mostrando una pasividad absoluta, sin un plan y citándose con el presidente de canario Fernando Clavijo tarde; también para "explicar la postura oficial del Gobierno de España en relación con el posible fraude electoral llevado a cabo por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro"; y, para que dé explicaciones sobre cómo pudo escaparse Carles Puigdemont tras haber pisado Barcelona.
Las dos dirigidas al ministro de Exteriores José Manuel Albares eran "para dar cuenta de la inacción y falta de condena al régimen de Nicolás Maduro" y "para que explique las iniciativas que va a impulsar el Gobierno de España en la Unión Europea para garantizar que la voluntad de los venezolanos manifestada en las urnas sea respetada". También se ha pedido la comparecencia de Óscar Puente "para informar sobre el caos ferroviario que se está produciendo este verano en España", aunque el ministro de Transportes ya ha dado explicaciones recientemente en el Senado; y, la de Ana Redondo, ministra de Igualdad, para "informar sobre las consecuencias de los graves errores generados en la redacción" de la Ley de Paridad, que ha desmontado por error la protección de los trabajadores que tomaban permisos laborales para conciliar (por ejemplo, los cinco días para cuidar a un familiar).
Finalmente, la comparecencia de Montero era "para que informe sobre el sistema de financiación singular y el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de forma bilateral y fuera del sistema de financiación de Comunidades Autónomas de régimen común, a cambio de presidir la Generalitat de Cataluña y seguir presidiendo el Gobierno de España".
Asimismo, también relacionado con Venezuela, el PP ha pedido la comparecencia de la presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE "para informar del seguimiento informativo en RTVE del proceso electoral en Venezuela, de la ausencia de neutralidad y objetividad en la información del mismo, ocultando las irregularidades cometidas por el régimen de Maduro y las denuncias de la oposición democrática"; y, del presidente de la Agencia EFE "para explicar el sesgo partidista y la falta de neutralidad de la Agencia pública en el seguimiento" de las elecciones en Venezuela.
