Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno libertario de Javier Milei en la Argentina fue la derogación de la ley de control de alquileres. Esta ley, que también ha hallado su réplica en España, se consideraba fundamental para garantizar la accesibilidad de los inquilinos a una vivienda «digna» sin que los propietarios los maltrataran con rentas de alquiler abusivas.
La realidad, empero, suele ser que este tipo de medidas proteccionistas y antiliberales tienden a hundir la oferta de inmuebles tanto a corto como a largo plazo y, con ello, a encarecer los alquileres o, como poco, a reducir de manera muy notable la accesibilidad efectiva a una vivienda.
Lo hemos comprobado en el caso de España, donde el crecimiento intervencionismo estatal contra el propietario de vivienda (por ejemplo, en forma de congelación de los alquileres) ha terminado por destruir nuestro mercado del alquiler, volviendo más difícil que nunca el acceso a un inmueble.
Pues bien, en Argentina han querido experimentar con el camino opuesto y, de momento, parece estar funcionándoles bastante bien: desde que Javier Milei derogó la ley de control del alquiler, la oferta de inmuebles para el arrendamiento se ha incrementado en un 212% y las rentas del alquiler han caído (en términos reales) un 26%.
Por supuesto se trata de un shock positivo de oferta en el corto plazo que no solventa los problemas de largo plazo del mercado inmobiliario del país (que, como en casi todos los lugares, requiere de un progresivo ajuste de la oferta al aumento de la demanda y de una reducción de costes de edificación vía aumentos de la productividad), pero es un shock positivo de oferta que facilita la accesibilidad a una vivienda en lugar de dificultarla todavía más.
En España podríamos tomar nota de la experiencia argentina: si no para resolver todos los problemas del sector de la vivienda, sí para, al menos, dejar de agravarlos como venimos haciendo desde hace un lustro.
