En un ciclo vicioso e interminable, el Líbano puede volver a verse abocado a una nueva guerra en su territorio toda vez que Hizbulá y las Fuerzas de Defensa de Israel intensifican su cruce de fuego. Tras los bombardeos israelíes “preventivos” y la “primera fase” de la venganza de la milicia libanesa por el asesinato de Fuad Skukr en un suburbio del sur de Beirut, el país de los cedros aguarda conteniendo la respiración ante la posibilidad de la escalada y con el recuerdo aún fresco de la guerra entre la milicia proiraní y las FDI de 2006. Pero ¿está el Líbano, un Estado fallido en lo político y en bancarrota económica, y con unas dimensiones de poco más de 10.000 km2, en condiciones de soportar una nueva guerra total entre Hizbulá y Tel Aviv?
Tras una serie de años de cierta recuperación posteriores a la prolongada y devastadora guerra civil (1975-1990), el Líbano ha visto cómo su situación económica se ha deteriorado de manera irremediable en la última década. El agravamiento empezó antes de la pandemia y la crisis sanitaria acabó hundiendo las finanzas públicas del Estado libanés y evaporarse la inversión extranjera. En el fondo de los problemas, la corrupción y la mala gestión, en parte por la división profunda de la sociedad en líneas sectarias y partidistas. Un ejemplo del estado de parálisis del sistema político libanés es que los representantes de la ciudadanía no han sido capaces de encontrar relevo al presidente de la República casi dos años del fin del mandato del último jefe del Estado, el general Aoun. Entretanto, el sistema financiero libanés sigue resistiéndose a las reformas que le exige insistentemente el Fondo Monetario Internacional para culminar el rescate de al menos 3.000 millones de dólares previsto. La libra libanesa ha perdido en los últimos años el 100% de su valor.
Desde hace varios años, el país sufre recurrentes problemas en la gestión de la vida cotidiana como el de la recogida de basuras o el suministro eléctrico en el área metropolitana de Beirut. No en vano, recientemente las autoridades argelinas anunciaban el envío de petróleo al Líbano con vistas a alimentar a las centrales de producción de energía y a evitar el apagón total. Las infraestructuras languidecen sin que haya capacidad de mantenerlas o mejorarlas, como es el caso del puerto de la capital, víctima en agosto de 2020 de una explosión masiva que dejó 218 muertos y no tiene aún responsables. El actual sistema sanitario público sería incapaz de afrontar una guerra. La inseguridad ha liquidado prácticamente el turismo.
Y allá donde no llegan las administraciones se encuentra Hizbulá -lo más cercano precisamente a eso, un Estado dentro del Estado—, siempre dispuesto gracias al dinero llegado de Irán a ayudar a los más desfavorecidos o a garantizar la seguridad en las calles de sus feudos. La fragilidad del Estado y la intervención de actores extranjeros, con Irán a la cabeza, contribuye en un ciclo sin fin a aumentar la simpatía de los libaneses por la organización y a acentuar la dependencia del país del exterior. La presencia cada vez más fuerte de Hizbulá en el territorio libanés no ha impedido el aumento de la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el 73% de los ciudadanos libaneses viven en una situación de pobreza o próxima a ella.
Aunque hasta ahora los enfrentamientos entre Israel y la milicia que aglutina a gran parte de la comunidad chiita del Líbano se ha circunscrito al sur del país, la posibilidad de que Tel Aviv -ya lo ha hecho en estos últimos meses— vuelva a golpear, por ejemplo, en los suburbios meridionales de la capital, donde Hizbulá tiene uno de sus feudos, es elevada. En las provincias del sur próximas a la frontera de Israel más de 100.000 personas se Una guerra total entre Hizbulá e Israel, en fin, sumiría al Líbano, con sus casi seis millones de habitantes y más de un millón de refugiados sirios y su precaria situación económica, a un colapso casi seguro.han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Naciones Unidas ya hace sus cuentas y calcula en 100 millones de dólares el coste inicial que tendría el estallido de una guerra para la recuperación de la vida normal en estas zonas. Según datos del Gobierno libanés recogidos por la agencia AP, a las arcas públicas le cuestan 24 millones de dólares mensuales ayudar a los desplazados y a las 60.000 personas que permanecen en las zonas más afectadas por el conflicto.
