En solo diez años, España ha visto como el peso de los sénior, los mayores de 55 años, ha pasado de representar el 13,6% de la población activa al 21%. Con ello, España cuenta por primera vez con nada menos que cinco millones de personas mayores de 55 años que o trabajan o buscan un empleo, es decir, son personas activas en términos del mercado laboral.
El invierno demográfico al que se encamina la fuerza laboral española queda aún más claro si se pone la vista un poco más atrás. Así, mientras en este 2024 hay en España 5.089.500 personas activas mayores de 55 años, un 4,6% más que en 2023 (4.865.800) y un 63% más que hace diez años (3.114.300), el crecimiento es del 146% con respecto a hace dos décadas, ya que en 2004 había 2.071.900 personas mayores de 55 años en activo. Entonces, en 2004, los sénior apenas representaban el 10% de la población activa.
Castilla y León (25,8%), Asturias (24,3%) y Cantabria (23,4%) son las regiones que presentan una fuerza laboral más "envejecida", con una mayor proporción de personas sénior (mayores de 55 años) entre el total de la población activa, según un informe de la Fundación Adecco. En el lado contrario se sitúan las Islas Baleares (18,3%), la Región de Murcia (19,1%) y Andalucía (19,6%). Le siguen Madrid y Canarias (19,8%).
En cualquier caso, en todas las comunidades autónomas la proporción de fuerza laboral sénior va en aumento y roza el 20%, como en el caso de Cataluña (20,4%) de acuerdo a los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística.
Llama la atención el elevado envejecimiento de la población activa del País Vasco, cuarta región con un porcentaje más elevado, con el 23,1% de la fuerza laboral por encima de los 55 años, lo que da una idea del complicado equilibrio de sus pensiones, con más de 3.700 millones de déficit contributivo el caso de que tuviera que pagarlas con únicamente con el esfuerzo de los trabajadores residentes allí.
Y es que el País Vasco triplica el agujero que genera a la Seguridad Social la Comunidad de Madrid con la mitad de pensionistas. Cada pensión vasca carga con 6.341 euros el déficit, el doble que las catalanas o andaluzas.
Por provincias, Ávila (28,9%), Teruel (28,2%) y Zamora (27,8%), todas ellas en la denominada «España vaciada», lideran el ranking nacional, donde la media se sitúa en el 20,8%.
Les siguen Burgos (27%), Lugo (26,8%), Soria (26,6%), Valladolid (25,8%), Palencia (25,5%), León (25,2%) y Segovia (25,2%). De nuevo se cuela una provincia vasca entre las más «envejecidas»: Vizcaya, con el 25,2% de la población activa mayor de 55 años.
Entre las más «jóvenes» figuran Almería (16,8%) y Lérida (16,9%), ambas muy vinculadas al trabajo agrícola, seguidas de Guadalajara (17,8%) y Toledo (18,1%), próximas a Madrid, y Baleares (18,3%) y Huelva (18,4%).
El envejecimiento de la fuerza laboral tiene varias derivadas. La más importante, por ser la más urgente en abordar, tiene que ver con su inclusión en el mercado laboral, como destaca el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, pero también las perspectivas de reemplazo generacional.
Asimismo, esta situación provoca que se agranden los desajustes generados por el absentismo, ya que las bajas por incapacidad temporal se concentran en la horquilla sénior de la población activa.
El coste de las bajas por enfermedad y accidentes no laborales ha subido un 74% desde 2018 en España, hasta los 25.326 millones de euros. En 2023 se perdieron en España más de 396 millones de jornadas laborales, como consecuencia de los procesos de incapacidad temporal (IT), una cifra que supone elevar en un 62% las jornadas perdidas en 2018.
Este indicador de absentismo laboral muestra el impacto de las bajas laborales anuales y equivaldría a que 1,1 millones de trabajadores no hubiera acudido a su puesto de trabajo ningún día en 2023 o a una media de 20 días de ausencia al año por trabajador, tan solo por las bajas generadas por incapacidad temporal.
