El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se ha visto obligado a levantar la voz ante la precaria e indigna situación que se vive en la oficina que tramita las peticiones de asilo de extranjeros en el madrileño aeropuerto de Barajas.
Lo sufren, cuenta a LA RAZÓN el diputado responsable del turno de oficio, Juan Manuel Mayllo, tanto los compañeros letrados que van a hacer allí su trabajo como los propios ciudadanos extranjeros.
No son los únicos. Este pasado enero acudió a ver lo dramático del día a día en este lugar el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que exigió que adoptaran las medidas necesaria al haber indicios de que no se están garantizando los derechos de las personas que por allí pasan para formalizar su petición de convertirse en asilado de España.
¿Existe una tendencia en las solicitudes de asilo?
El colapso en las solicitudes de asilo experimenta picos puntuales que coinciden con fechas vacacionales. Tendrá que explicar la Policía los motivos detrás en relación a las mafias de la inmigración. El pico anterior al de este verano, se produjo entre el pasado diciembre y este enero. En 2023 el ICAM atendió 423 solicitudes de asilo, la mitad se produjeron en el último mes del año. A lo largo de enero tuvimos casi mil asistencias. Ahora, a este colapso hay sumarle que hay menos dotaciones policiales con por vacaciones, pues lo empeora.
En los picos, ¿cuántos reclamantes pueden llegar?
Se habla de avalanchas de solicitantes, han llegado aviones enteros con más de 200 pasajeros, y todos piden protección en nuestro país. Los letrados no pueden atenderlos a todos, no hay dependencias adecuadas. Además de que no se notifican las resoluciones de las peticiones, hay que estar continuamente llamando a Barajas.
¿Cuántos letrados hay de guardia al mismo tiempo?
Cuando hay picos, mandamos ocho compañeros, pero cada uno solo puede hacer un máximo de cinco asistencias y se nos pide que hagamos 40 entrevistas con los solicitantes. En julio ya son más de 200 las peticiones atendidas y se ha generado un colapso que ralentiza todo el sistema. Hay que recordar que en enero Cruz Roja abandonó Barajas ante las condiciones de hacinamiento y la insalubridad que allí se producen.
¿Y qué reclaman?
Primero, que nos habiliten, al menos, cinco plazas de garaje para que podamos llegar rápido en nuestro coche y no tengamos que coger el transporte que hace que tardes más en llegar porque utilizar el aparcamiento es un gasto que ronda los 30 euros. Aena tiene ocho edificios de plazas de garaje para VTC que no se utilizan. Estamos luchando por ello, cinco plazas no tendría que ser un trastorno para ellos.
También dietas porque comer en un aeropuerto es otro desembolso. Si sumas las dos cosas, se te van los 158 euros que pagan por guardia en el turno. Así como más funcionarios, traductores, policías y espacio para que solucionar el caos en que se ha convertido.
¿De dónde proceden la mayor parte de los que lo piden?
Hasta hace no demasiado, eran venezolanos, pero en los picos de asistencias son, por un lado, magrebíes –marroquíes y argelinos–, o, por otro, subsaharianos del llamado África negra. Muchos rompen el pasaporte al llegar para poder decir que vienen de países en los que hay conflictos bélicos y que así sea más fácil que se admita su protección internacional. Es más sencillo que se admitan a mujeres con hijos que a varones y, evidentemente, a los que son perseguidos por razones políticas, de orientación sexual o religión.
¿Se admiten la mayoría de las solicitudes de asilo?
Para nada, normalmente el porcentaje de concesiones de asilo es bastante bajo. Lo normal es que tengamos que poner un recurso a la denegación ante el Contencioso. Si se confirma el «no» en teoría deberían ser devueltos al país desde el que hayan llegado, no al de origen, y muchos han recorrido cuatro o cinco países en el trayecto hasta nuestro país. Otra cosa es que los juzgados ejecuten esa orden de devolución.
¿Han tenido alguna respuesta desde el Ministerio de Justicia?
El Ministerio hace oídos sordos, llevamos años pidiendo las actualización de las retribuciones que se dan en el turno de oficio. No se ha modificado desde 2018. Como esto no cambie, los compañeros renunciarán a prestar lo que es, recordemos, un servicio público y voluntario. El derecho a la asistencia jurídica tiene que garantizarlo la propia Administración.
