El próximo 2 de septiembre da comienzo el nuevo curso político y arranca lleno de incógnitas dado que el primer año de legislatura de Pedro Sánchez ha sido muy convulso. Sánchez se ha dado de bruces contra la realidad de querer gobernar con una mayoría de investidura muy inestable y frágil y ahora va a tener que afrontar un final de año muy complejo, que puede incluso dar la puntilla a la legislatura, ya que el apoyo de Junts está más en entredicho que nunca y el Ejecutivo tiene que aprobar sí o sí los Presupuestos. Por mucho que haya quien se remita al precedente del Gobierno de Mariano Rajoy, quien tuvo que prorrogar dos veces las Cuentas dada la interinidad que hubo entre 2016 y 2018 por la repetición electoral, fuentes parlamentarias señalan que hay dudas jurídicas sobre el encaje constitucional de esa maniobra y, hasta ahora, se ha permitido porque el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado.
Por tanto, de atrincherarse Sánchez en la Moncloa con una doble prórroga presupuestaria, la legislatura quedaría en manos de la oposición y su capacidad para activar la vía del Constitucional para que se pronuncie. Sí es cierto que el PP evita siempre que puede la vía del TC porque es consciente de que la mayoría progresista que hay ahora solo se va a pronunciar a favor de las tesis del Gobierno y eso es prácticamente sinónimo de una derrota, pero también es verdad que la resolución que el Tribunal de Garantías dicte en esta materia puede condicionar a los futuros Ejecutivos. Además, cabe recordar que el discurso de este Gobierno ha ido orientado hasta ahora a defender que los Presupuestos son una «obligación constitucional», según quedó recogido en un informe de la Abogacía del Estado de diciembre del año pasado cuando Moncloa trataba de desbloquear los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado.
El Gobierno va a intentar aprobar los Presupuestos y, para ello, asegura que ya ha hecho avances en el diseño, aunque ya se empieza a abrir la puerta a una prórroga presupuestaria. Además, Sánchez y su vicepresidenta María Jesús Montero tienen todavía el paso previo que superar, que es obtener el plácet de Congreso y Senado a los objetivos de déficit y de deuda. Sin ese paso previo, no puede tramitarse las Cuentas. En este sentido, Junts, en julio, ya tumbó los objetivos de deuda y de déficit como una forma de presionar a Sánchez para que permitiera que Carles Puigdemont fuera investido president de la Generalitat. Finalmente, Junts no ha conseguido su objetivo y ahora tiene, en octubre, un congreso que busca redefinir el rumbo y los liderazgos del partido, por lo que tampoco parece que sea el mejor contexto para que se involucre en la aprobación de los Presupuestos de 2025.
Es más, fuentes del partido señalan que «no se descarta» que Puigdemont esté presente en ese cónclave, previsto para finales de octubre en el municipio costero de Calella (Barcelona). De ser así, puede convertirse en otro momento de máxima agitación política, como ya ocurrió a principios de agosto durante la investidura de Illa, y eso dificulta mucho cualquier negociación.
También Esquerra tiene previsto celebrar un congreso entre septiembre y noviembre, que se avecina convulso porque parece que van creciendo las voces críticas a dar apoyo al Gobierno y a seguir la misma línea que la pasada legislatura en Madrid. Los republicanos están sumidos en un debate estratégico de gran alcance y parece que hay un sector cada vez más grande con voluntad de hacer autoenmienda a la línea seguida en el último lustro pese a que ha permitido al partido alcanzar cotas de poder inéditas en los últimos 46 años de democracia.
Por tanto, los procesos internos de Junts y Esquerra dificultan todavía más al Gobierno la tramitación de los Presupuestos, pero no va a ser lo único, ya que el Ejecutivo va a tener que afrontar las exigencias independentistas del concierto catalán, que también está tensionando al PSOE. A la vista están los pronunciamientos de figuras de peso como Josep Borrell o de barones, como Emiliano García-Page o Adrián Barbón. Además, la financiación es una cuestión muy sensible en Cataluña y el independentismo no se va a conformar con poco: en este sentido, basta con echar un vistazo a las encuestas y se detecta rápidamente cómo la carpeta fiscal tiene un peso muy destacado entre los votantes de ERC y, sobre todo, de Junts.
En este sentido, Junts está apretando mucho y ha quedado constatado con la petición de comparecencia de María Jesús Montero en el Congreso para que dé explicaciones sobre el alcance del acuerdo fiscal entre Esquerra y PSC.
En paralelo, las investigaciones judiciales que rodean a Sánchez también van a influir y mucho en la agenda política porque tanto el «caso Begoña Gómez» como el caso de su hermano siguen avanzando y van revelando datos cada vez más comprometedores, que han causado incluso críticas de algún socio de investidura.
