El fiscal Rafael Curruchiche y el exrelator contra la Tortura Lesther Castellanos, ambos sancionados por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, presentaron este viernes documentación para optar a ser jueces dentro del Organismo Judicial guatemalteco.
Curruchiche y Castellanos llegaron al campus de la universidad privada Rafael Landívar, en el sureste de la Ciudad de Guatemala, para cumplir con la entrega de la documentación requerida, según confirmaron ambos a periodistas.
Tanto Curruchiche como Castellanos fueron sancionados por Estados Unidos en 2022 y 2023, respectivamente, con el retiro de su visado y la prohibición del ingreso a su territorio, tras señalarlos de "socavar" la Justicia en Guatemala.
Curruchiche de igual forma fue sancionado por la Unión Europea debido a sus intentos por cancelar, desde el Ministerio Público (Fiscalía), los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 ganadas por el académico Bernardo Arévalo de León, investido en enero pasado.
Castellanos, por su parte, llevó a cabo una persecución judicial junto al Ministerio Público en contra de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien estuvo dos años presa (entre 2022 y 2024) por un delito administrativo supuestamente cometido en 2018.
Su encarcelamiento estuvo bajo investigación de las Naciones Unidas (ONU) y finalmente Laparra salió al exilio este año ante una nueva amenaza de volver a prisión.
Curruchiche y Castellanos buscan convertirse en parte de los 200 jueces de Salas de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco para el período 2024-2029, en un cargo que garantiza inmunidad o derecho de antejuicio ante cualquier acusación en su contra, como establece la ley, entre otras prerrogativas.
Además de los 200 jueces de Salas de Apelaciones, Guatemala también continúa el proceso para elegir a sus 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (máxima autoridad del Organismo Judicial) para el mismo período de cinco años.
De acuerdo a expertos, la elección de los jueces de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia es trascendental para el futuro de la lucha contra la corrupción.
El proceso de elección, que culminará en octubre en el Congreso guatemalteco, se encuentra bajo monitoreo presencial de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido e invitación del Gobierno que preside Arévalo de León.
