¿Qué es, exactamente el cupo?
El Estado de las Autonomías cuenta con dos regímenes fiscales: el de las regiones forales -País Vasco y Navarra-, y el de las regiones de régimen común, que son las otras quince comunidades. El cupo -en el caso vasco; aportación, en el caso de Navarra- no es más que la cantidad que cada una de las regiones forales aporta por los servicios que en dichas regiones presta la Administración General del Estado (AGE). Es lo único que aportan, ya que no contribuyen a la solidaridad interregional.
¿Y qué es el llamado cupo catalán?
Es el sistema fiscal propio que el presidente Sánchez ha pactado con los independentistas a cambio del apoyo de los mismos a Illa en Cataluña y a Sánchez en La Moncloa. Lo llamen como lo llamen es un sistema fiscal propio que haría que Cataluña recaudase todos sus impuestos y se quedase con toda esa recaudación, salvo el importe que pactase pagar a la AGE a modo de “cupo” por los servicios que ésta presta en Cataluña.
¿Es una medida legal?
Ese régimen fiscal propio para Cataluña no se puede llevar a cabo con la normativa actual ni parece que el Gobierno pueda tener fuerza en el parlamento para reformar la ley. Sin embargo, ya han surgido voces entre los firmantes de dicho acuerdo afirmando que buscarían una solución de aplicarlo al margen del parlamento si éste fuera un obstáculo. Todo ello, introduce una enorme inseguridad jurídica, ya que si la ley no se respeta y se fuerza, la inseguridad se apoderará de las transacciones económicas, empeorando la actividad y el empleo en España, con la derivada que dicha merma de actividad puede tener en el resto de la zona euro y de la Unión Europea, tanto por infligir una mayor bajada del PIB per cápita en paridad del poder de compra y volver a cronificar a España como receptora de fondos de cohesión -hecho que, por cierto, ya ha pasado, al haberse empobrecido España durante el gobierno de Sánchez-, que tendría un impacto en el presupuesto comunitario, como por el mero hecho de que un país miembro de la UE no cumpla con el cuerpo legal que impera en su país.
Por otra parte, esa inseguridad jurídica aparece también al anunciar un acuerdo que, ahora mismo, no tiene base legal, como decía. No es constitucionalmente posible. Además, al hacerse de esa manera individualizada, incumpliría también con el artículo 2.c y 2.e, de la LOFCA, al no garantizar los mismos recursos base para la financiación de los servicios públicos fundamentales a todas las CCAA y al atentar contra la solidaridad, que haría incumplir también el artículo 2 y el 138.1 y 138.2 de la Constitución. Los regímenes forales, aunque son insolidarios, tienen respaldo legal en la Constitución, en la Disposición Adicional Primera, pero este sistema pactado para Cataluña es ilegal con la normativa actual.
¿No es solidario tampoco entonces?
No, no es solidario, sino insolidario. Ese sistema fiscal propio quebrará la solidaridad interregional. Esto supondrá un quebranto para el conjunto de CCAA, por lo que deja de aportar Cataluña, y para el conjunto de españoles vía la parte de los tributos recaudados en Cataluña que se quedaba la AGE para poder atender los servicios esenciales que son de competencia de la administración central.
No es solidario, como digo, porque no van a aportar nada. Su sueño es que el cupo catalán se calcule igual de mal, es decir, igual de bien para los intereses de los independentistas catalanes, con lo que apenas pagarán los gastos de los servicios de la AGE en esa comunidad autónoma. En cuanto a la aportación a la solidaridad del resto, terminará por no concretarse, o será algo irrisorio, aparte de que los independentistas dijeron hace semanas que dicha aportación sería temporal y condicionada a que las regiones receptoras no bajen impuestos, por ejemplo. Como ni el cupo ni la supuesta aportación a la solidaridad están especificados en el acuerdo cerrado, se concretará en un cupo bajo y en una prácticamente nula contribución a la solidaridad y por muy poco tiempo, en el mejor de los casos, con elevada probabilidad de que al final no aporten nada.
¿Quiénes tendrán que pagar este cupo catalán?
Todos los españoles: al tener que renunciar la AGE a la parte de impuestos que se recaudan en Cataluña y que se queda la AGE: 50% del IRPF, 50% del IVA, 42% de los IIEE, 100% de Sociedades, por hablar de los más relevantes. Adicionalmente, como Cataluña dejaría de aportar a la solidaridad del resto de regiones, la merma de esos 1.500 millones que ahora aporta Cataluña, tendrían que cubrirlo la AGE -afectando, de nuevo, a todos los españoles; o las otras dos regiones aportantes netas -Madrid y Baleares-, que tendrían que incrementar su aportación. Por su parte, también se verían perjudicadas las regiones receptoras netas, porque sería imposible compensar la merma antes descrita, bien por la AGE, bien por Madrid y Baleares, y habría, al menos, una parte de fondos que reciben ahora y que perderían. Así, muchas comunidades con menos recursos, como Asturias o Castilla-La Mancha, podrían llegar a perder 38,5 millones y 127,5 millones cada año, respectivamente.
¿Qué consecuencias redistributivas tiene?
Si estuviésemos hablando de la redistribución de un impuesto, por ejemplo, del IRPF, su equivalente sería aplicar un sistema fiscal regresivo, es decir, que los que menos tienen paguen más que los que más tienen. Con este sistema fiscal propio para Cataluña, el Gobierno prima a una región rica a costa de la merma en los recursos de las regiones más pobres. No sólo quiebra la solidaridad interregional, sino que es plenamente regresivo.
Sánchez impuso la homogeneización del Impuesto de Patrimonio y quiere hacer lo mismo con el resto de impuestos cedidos a las CCAA. ¿Es coherente con su apoyo al cupo catalán?
No, no es coherente. Sánchez quiere homogeneizar para que, principalmente, Madrid no pueda continuar con su política de impuestos bajos e impedir que otras CCAA que han imitado a Madrid puedan hacerlo.
Para que hubiese un régimen singular para una de las quince de régimen común, debería ser reformado dicho sistema de régimen común para todas las CCAA de dicho régimen, que supondría ir a un federalismo fiscal, que significaría cambiar radicalmente el enfoque de la financiación regional en España, cosa que no gustaría ni a socialistas ni a independentistas: a los primeros, no les gustaría porque lo que desean es poder intervenir cuanto más mejor en todas las decisiones tributarias de todas las administraciones, como se ha visto con su intrusismo en el impuesto de patrimonio a través de su impuesto a las grandes fortunas o patrimonio bis, que, aunque haya sido avalado por el actualmente politizado Tribunal Constitucional, es claramente inconstitucional. A los segundos, no les gustaría porque temen a la competencia fiscal, porque saben de su pésima gestión y su incapacidad para competir en igualdad de condiciones, hecho que hace que quieran siempre un trato de favor.
Si quiere cambiar el modelo de financiación como lo conocemos hoy en día, como digo podría hacer una propuesta de competencia fiscal, donde además de gastar cada región tuviese que responder de su sistema tributario y pudiesen competir las regiones libremente mediante su política tributaria, con una aportación a la solidaridad interregional, pero no es esto lo que propone Sánchez. El Gobierno quiere, por una parte, darle la llave de la caja a los independentistas y, por otro, acabar con la autonomía financiera -autonomía recogida en la Constitución- de las CCAA, para que quienes lo hacen bien y bajan impuestos no dejen al descubierto la incapacidad de gestión de quienes lo hacen mal, aumentan el gasto, suben impuestos, incurren en déficit y elevan la deuda. Al final, la medida de Sánchez se resume en impedir que el resto baje impuestos para darle el dinero de todos a los independentistas catalanes por el apoyo que Sánchez necesita para seguir en La Moncloa.
¿Qué implicaciones puede tener para la estabilidad presupuestaria?
El horizonte presupuestario español se presenta ya difícil de antemano, incluso sin la existencia del cupo catalán. Si se le concede a Cataluña dicho sistema fiscal propio, la inestabilidad presupuestaria aumentaría por varios motivos, directos e indirectos: Cataluña recibiría más, pero dada su trayectoria de ejecución presupuestaria de la mayoría de los últimos dieciséis años, gastaría todos esos recursos, e incluso más, aumentando el déficit conjunto; por su parte, la AGE incurriría en un mayor déficit para poder seguir prestando los servicios que se financian ahora con el porcentaje de recaudación generada en Cataluña de los impuestos estatales que va a la AGE; el resto de CCAA también introducirían inestabilidad presupuestaria, pues la mayor aportación de las ricas y los menores recursos que irían a las receptoras netas, harían que para poder prestar los servicios esenciales lo hiciesen a base de deuda; la inseguridad jurídica que se desataría. incrementaría el coste de la deuda y la deuda misma, por disminución de ingresos por el impacto negativo que se daría en la actividad económica, aumentando el déficit; por último, el mayor volumen de deuda consumiría un mayor gasto en intereses de esa financiación. Es, en su conjunto, una aberración ilegal, insolidaria, injusta y empobrecedora.
José María Rotellar es profesor de Economía. Director del Observatorio Económico de la UFV
