El entorno de ETA sigue metiendo presión al Gobierno para que se produzca la salida de los reclusos que aún quedan en prisión. A día de hoy, 24 presos de la banda han progresado al tercer grado en el último año y a otros 20 se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario –que permite flexibilizar la clasificación penitenciaria– de forma que pueden salir durante el día de prisión a realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados. En rueda de prensa en San Sebastián, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe informaron ayer del balance que la Red realiza anualmente cada agosto sobre la situación de estos reclusos y la aplicación de la política penitenciaria.
Según indicaron, seis años después de la desaparición de ETA, hay 148 presos de la banda terrorista cumpliendo condena; 126 de ellos hombres y 22 mujeres. Del total, 142 se encuentran en cárceles de Euskadi y Navarra, y otros seis en prisiones en Francia.
Además, señalaron que, en un año, las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios han propuesto a la Administración Central Penitenciaria vasca la progresión a tercer grado en un total de 34 ocasiones. «Salvo en dos casos, el Gobierno vasco ha aprobado esas propuestas y dictado resolución de progresión a tercer grado», indicó Azkarraga, que añadió que se han aprobado en este periodo 32 progresiones al tercer grado.
Según detalló, tres reclusos han recibido más de una propuesta de progresión al tercer grado, de forma que, «en números absolutos, en realidad son 29 presos de ETA los que han progresado al tercer grado», pero el Ministerio Fiscal ha recurrido seis de estas progresiones (16%). Así, en cinco de estos casos se ha suspendido la progresión al tercer grado, volviendo esos reclusos inmediatamente (4/5 días) a prisión, de manera provisional, hasta que se pronunciara el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP). En un caso, el tercer grado no se suspendió, por no solicitarlo la Fiscalía en su recurso.
De entre los seis terceros grados recurridos, el juez de vigilancia penitenciaria ha aceptado cuatro de los seis recursos, de forma que en esos cuatro casos los presos han vuelto de manera definitiva a prisión. «En el quinto caso, donde no se produjo la suspensión, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria no llegó a pronunciarse, al finalizar inmediatamente –siete días tras la aprobación del tercer grado– la pena de 30 años», apuntó el portavoz de Sare. «En cuanto al sexto caso, el recurso del Ministerio Fiscal presentado en abril, se encuentra “pendiente de resolución por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria», mientras «el preso espera la resolución desde la prisión».
Azkarraga destacó que las propuestas de progresión al tercer grado las realizan los profesionales de los centros penitenciarios para ser, posteriormente, ratificadas por la Junta de Tratamiento de cada centro, mientras que el Ejecutivo vasco «simplemente las ratifica o no», por lo que «no se trata de una decisión de carácter político, sino adoptada por los psicólogos, educadoras, trabajadores sociales, juristas, etc de cada centro penitenciario».
El portavoz de Sare opinó que «aún falta un largo recorrido para poder hablar de normalización penitenciaria», ya que «por el tiempo de condena cumplida, podrían ser más de un centenar las personas presas las que podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional». A su juicio, las progresiones a tercer, tanto en este último año como en los casi tres años desde la transferencia de la competencia, «se han realizado de manera limitada, contenida».
También criticó «la inexistencia de propuestas de acceso a tercer grado destinadas a presos en edad avanzada», así como que no se faciliten «vías adecuadas para la progresiva excarcelación de presos de más de 65 años y estados de salud igualmente preocupantes».
Por otro lado, apuntó que, en paralelo a las progresiones a tercer grado, se ha aplicado a una veintena de presos de ETA en el último año el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que «posibilita que estos presos puedan salir durante el día a realizar voluntariado, formación o trabajos remunerados».
En cuanto a la dirección penitenciaria ejercida por el Gobierno vasco, desde el momento de asumir la competencia –octubre de 2021–, hasta el cambio de titularidad política de la Consejería correspondiente –junio 2024–, Azkarraga opinó que hay «luces y sombras», avanzando «lentamente» hacia la aplicación de una política penitenciaria «normalizada», aunque calificó de “positiva” la relación entre Sare y el Ejecutivo vasco.
En cuanto a la aprobación de los permisos ordinarios de dos días, cuya competencia es exclusiva de la Administración vasca, lamentó que “ha sido muy limitada”, algo, a su juicio, “difícil de entender” cuando se trata de “presos con muchos años de condena cumplidos y pertenecientes a una organización que desapareció hace más de seis años”.
Por otro lado, Azkarraga indicó que el número de recursos presentados por el Ministerio Fiscal en el último año “se ha reducido en relación al pasado año”, un porcentaje “muy alejado del 3% de los recursos que presenta la Fiscalía del País Vasco, en aquellos casos no relacionados con presos de la extinta ETA”.
Azkarraga insistió también en que, más de seis años después de la desaparición de ETA, se mantienen “leyes de excepción”, que “afectan tanto a materias estrictamente de Derecho Penal como a materias relacionadas con el cumplimiento de la pena” y que “imponen criterios contrarios a las percepciones avanzadas del Derecho Penitenciario”.
Frente a ello, recordó que “el Derecho no puede ser utilizado para impedir que las personas en prisión puedan evolucionar en su situación carcelaria”. “Un enroque judicial que vulnera derechos no coadyuva para nada en mitigar el dolor de nadie”, subrayó.
Por ello ha exigido “el fin de estas excepcionalidades” para dar paso “a los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria”. “No se puede construir un país dando la espalda a los derechos de las personas, porque, de esta forma, estaremos cerrando en falso una época trágica de nuestra historia”, reiteró.
Finalmente, Azkarraga se refirió al cambio en la Administración Penitenciaria vasca tras las últimas elecciones autonómicas, al pasar a depender de una Viceconsejería de Justicia liderada ahora por el PSE-EE, y esperó que “la política de los nuevos responsables profundice en el avance de este modelo penitenciario vasco” que, además, ha recordado “no es una opción partidaria sino una apuesta del conjunto de la sociedad vasca, ratificada por el Parlamento vasco”.
Para Sare, ello requiere “en términos generales, y como punto de partida, del diseño y aprobación, lo antes posible, de la Relación de Puestos de Trabajo, con la estabilización de condiciones laborales para una plantilla dimensionada de acuerdo con las necesidades y una dotación presupuestaria anual adecuada”.
Asimismo, confió en que los nuevos responsables de la Viceconsejería apuesten por “la aplicación” a los presos de ETA de “una política penitenciaria ordinaria, sin privilegios pero sin excepciones, discriminaciones ni criterios particulares”, así como que mantengan “una actitud abierta que facilite la interacción con los movimientos sociales, con los agentes del tercer sector y organizaciones relacionadas con el mundo penitenciario que permita avanzar con las aportaciones de todos ellos”.
