Panamá deportó este martes a 29 colombianos con antecedentes criminales que ingresaron al país por la inhóspita selva del Darién, al aplicar por primera vez un acuerdo sobre migración suscrito con Estados Unidos en julio. «Tenemos el primer vuelo del convenio financiado por Estados Unidos», dijo a la prensa el viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, acompañado por funcionarios estadounidenses, luego de que despegara al amanecer el vuelo chárter desde el aeropuerto de Albrook de la capital panameña con los 29 deportados rumbo a Bogotá.
Antes de abordar el avión Fokker 50, el grupo fue formado a un costado de la pista y cada uno fue revisado con detectores de metal. Los deportados, que no portaban equipaje, iban esposados de pies y manos, por lo que subieron lentamente la escalerilla de la nave.
Icaza dijo que «el viernes o sábado» puede partir el siguiente vuelo en el marco del memorándum que Panamá suscribió con Estados Unidos el 1 de julio, el día que José Raúl Mulino asumió como nuevo presidente panameño. Mediante este convenio, Washington se comprometió a financiar con seis millones de dólares la deportación desde el país centroamericano de migrantes que crucen el Darién, la inhóspita jungla situada en la frontera colombo-panameña.
«El memorándum acoge a cualquier persona, no solo criminales», dijo la agregada de Seguridad Interior de Estados Unidos en Centroamérica, Marlene Piñeiro, quien presenció el proceso de deportación junto a otros funcionarios estadounidenses y panameños. «Además de los vuelos chárter, nosotros estamos apoyando con vuelos comerciales» para el retorno de migrantes a sus países de origen, agregó.
El director de Migración de Panamá, Roger Mojica, indicó que «el proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país». «La persona que ingresa por la frontera con Colombia [el Darién] ingresa de forma irregular» a Panamá, destacó. Uno de los deportados «entendemos que es sicario del Clan del Golfo y que tiene varios casos de homicidio en Colombia», dijo Mojica.
Según las autoridades colombianas, el Clan del Golfo exporta unas 700 toneladas de cocaína anuales y está vinculado con la minería ilegal y el tráfico de migrantes en el Darién, aunque sus líderes lo niegan.
Éste es el primer grupo de migrantes deportados en virtud del acuerdo, aunque Panamá ha enviado anteriormente este año a Colombia al menos un par de vuelos chárter con ciudadanos de ese país con antecedentes penales.
Durante la campaña electoral, Mulino había prometido «cerrar» el Darién a la migración. «La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá», afirmó el 16 de abril. Tras asumir el mando, Mulino dijo que el convenio con Washington conduciría a iniciar «los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada» en la selva panameña, pero el 18 de julio matizó sus declaraciones anteriores al afirmar que no planeaba «repatriarlos a la fuerza», sino de manera voluntaria.
La selva del Darién, de 266 km de longitud y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Más de 520.000 personas cruzaron por allí en 2023. Este año han hecho la travesía más de 230.000 migrantes, según cifras oficiales panameñas.
«La frecuencia de estos vuelos va a depender mucho de los flujos [de migrantes] y tramitología [contactos con los países de destino]», dijo Mojica. El funcionario aclaró que por ahora no es posible enviar deportados a Venezuela, país del que proceden dos tercios de los migrantes que cruzan el Darién, debido a la crisis diplomática entre Panamá y Caracas a raíz de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. «Ahorita mismo se nos impide hacer cualquier movimiento hacia Venezuela», indicó Mojica, al aludir a que Caracas cerró su espacio aéreo a los aviones panameños.
