El primer ministro británico, laborista Keir Starmer, ha activado el plan de contingencia para remediar que no hay más espacio en las cárceles del país. Esto significa que los detenidos en comisarías de policía pendientes de juicio permanecerán bajo custodia hasta que haya hueco en las cárceles.
Los disturbios de la extrema derecha en Inglaterra de hace tres semanas no pudieron llegar en peor momento. Starmer acababa de ser elegido y había heredado un problema gravísimo de superpoblación en las cárceles británicas. Apenas había espacio. Pero la violencia de los disturbios y el riesgo de que derivaran en anarquía obligó al primer ministro a imponer la ley y el orden con el establecimiento de los juicios rápidos para escarmentar y asustar a los alborotadores con penas inmediatas de cárcel.
Logró contener la revuelta, pero acabó enchironando a más gente, cuando su política inicial era precisamente la contraria. Había recomendado a la policía que detuviera a menos gente cuando llegó al poder.
En apenas dos semanas ya han entrado en prisión más de cien condenados por los disturbios y otros 577 cientos han sido acusados. O sea, están pendientes de juicio o de sentencia. El problema es que solo quedan 340 espacios libres en las cárceles. Hay 88.225 presos en estos momentos y se está acelerando la construcción de dos módulos con 500 nuevas plazas.
Una de las primeras decisiones que tomó al llegar al poder, y ante la falta de espacio penitenciario, fue la de acelerar la liberación de presos para todos aquellos que ya hayan cumplido el 40% de su condena (ahora está en el 50%) siempre y cuando no esté cumpliendo pena por delito sexual, abuso doméstico, asesinato o terrorismo. Es decir, la gran mayoría. Esta medida será implementada el mes próximo y se espera que en septiembre y octubre se liberen (con condiciones especiales, por supuesto) 5.500 reos y en los próximos meses, 20.000.
La superpoblación carcelaria amenaza con paralizar el sistema jurídico. «Estamos retrasando la justicia», admitió Mark Fairhurst, presidente de la Asociación de Oficiales de Prisiones, a la BBC. Aseguró Fairhurst que los delincuentes más graves seguirán siendo procesados y tendrán una celda en prisión, pero menos graves pasarán más tiempo en dependencias policiales o serán puestos en libertad bajo fianza.
Por su parte, Tom Franklin, director de la Asociación de Magistrados, denunció que «cada caso que se retrasa tiene consecuencias en la vida real para las víctimas, los testigos y los acusados, y lleva a los magistrados y al personal judicial a esperar sentados sin hacer nada, en lugar de administrar justicia, y esto es un desperdicio de recursos, en un momento en que ya hay grandes retrasos».
El hacinamiento de los presos está provocando, además, un aumento de la violencia intramuros. Se han registrado 64.348 incidentes de autolesiones en el último año, un 21% más que el año pasado. La situación es especialmente preocupante en las cárceles femeninas, donde el aumento es del 65%. También han aumentado los suicidios en un 25%. Hasta 92 prisioneros se han quitado la vida el último año. Y se han producido 2.222 ataques contra vigilantes que piden mayor protección e inversión en escáneres de rayos X, cámaras de cuerpo y perros especialistas para garantizar su integridad.
La retención de detenidos en comisarias es una medida temporal, para el golpe hasta que se libere espacio, pero es insostenible en el tiempo porque retrasa todo el sistema judicial. Lo importante es saber cuáles son las políticas penitenciarias a largo plazo, las soluciones que propone el Gobierno.
Primero, detener menos gente. El nuevo secretario de prisiones, James Timpson, dijo al asumir el cargo, que los conservadores (el Ejecutivo anterior) eran unos «adictos al castigo» y que una tercera parte de los presos no deberían estar allí, especialmente en las de mujeres.
Segundo, la creación de 13.000 policías comunitarios, que son agentes con menos poderes que la policía normal, que pueden detener, pero no arrestar, e incrementa la vigilancia y la presencia policial en los barrios.
Tercero, la reinstauración de los clubes juveniles, que eran centros para jóvenes de 11 a 18 años donde podían realizar actividades, donde empezaban a trabajar y se relacionaban.
Cuarto, la introducción de órdenes de arrestos domiciliarios y órdenes de alejamiento de lugares.
Quinto, inversión en programas de rehabilitación.
Y sexto, la construcción de 20.000 nuevas plazas penitenciarias puesto se proyecta que el número de reos llegará a 106.300 en 2027, según cálculos del propio Gobierno. Pero esto también los prometieron los conservadores.
