E xiste la creencia de que una buena oposición consiste en tener un «gobierno en la sombra». Eso podría valer antes de 2016, cuando las elecciones daban mayorías suficientes para gobernar, y permitían a un presidente trasladar su equipo a los ministerios correspondientes.
Hoy eso es un pensamiento mágico. Sánchez no tenía un grupo en la sala de espera en 2019 pero gobierna con un Gabinete gris compartido con su competidor de la extrema izquierda. Si alguna vez Sánchez tuvo algo «en la sombra» fue la verdad y la honestidad, y no han visto la luz.
Este cambio se debe a que el parlamentarismo no es lo que era, ha perdido su misión original e identidad. Nuestro Parlamento ya no fiscaliza ni sirve para debatir proyectos o proposiciones de ley. Las Cortes con Sánchez se han convertido en una molestia o un trámite posterior. Este año de legislatura lo demuestra.
El Senado, con mayoría del PP, es despreciado por el Gobierno, cuyos ministros no asisten a las sesiones. Esto lo acompañan con un discurso populista y autoritario, consistente en asegurar que la soberanía reside solo en el Congreso.
El sanchismo, además, ha convertido la cámara baja en prescindible. El presidente del Gobierno es el campeón mundial del decreto-ley. Su objetivo es presentar la norma como un todo que no se discuta por partes, para negar la publicidad y negociación pública del contenido.
Ese abuso del decreto-ley, que niega la vida parlamentaria, es para ocultar las negociaciones secretas con grupos rupturistas, e introducir el modelo «ómnibus»; esto es, la aprobación de cosas variadas en un solo decreto y evitar el control.
El parlamentarismo, así, ha sido la primera víctima silenciosa del sanchismo. No hay fiscalización, sino intercambios de zascas inservibles. Unos buscan eludir la responsabilidad y otros ansían un titular de prensa. La política internacional, desde Venezuela con Zapatero a Marruecos y su manga ancha con la migración, o la corrupción que rodea a la Moncloa, o el «cupo catalán» no merecen un pleno nacional retransmitido por la televisión pública.
Lo habitual es el silencio o que salga la portavoz del Gobierno a insultar al PP antes de pasar a lo siguiente. En ese fin del parlamentarismo han intervenido dos factores exacerbados desde que se constituyeron las últimas Cortes: la ambición del César y el populismo. La capacidad de Sánchez para ceder a cualquier exigencia de sus socios de investidura a cambio del poder es infinita.
Ha negociado la performance de Puigdemont para que el fugado pudiera hacer su actuación en Barcelona sin boicotear la investidura de Salvador Illa. Ha entregado el «cupo catalán» a ERC sin someterlo a debate y sin considerar el lío institucional y constitucional que comporta. Le da igual. Patadón a la pelota y a seguir. Esa ambición no es «resistencia», es sumisión irresponsable.
El segundo factor, el populismo, es la enfermedad que corroe todas las democracias, y que comienza infectando a los partidos de gobierno. El PSOE de Sánchez ha ido asumiendo desde 2017 el programa podemita que diseñó Pablo Iglesias, un populismo de izquierdas disolvente del orden constitucional y de la convivencia. Lo hizo porque la única forma que tenía de gobernar era encabezando una coalición rupturista, la «Frankenstein», unida por el deseo de terminar con el sistema del 78.
El socialismo se hizo populista, y este estilo de hacer política, además de polarizar y crispar, ha supuesto el ahogamiento del parlamentarismo, el desprecio a la separación de poderes y a la independencia judicial, y el quebranto del Estado de Derecho.
El balance de este último año, en suma, es malo para todos salvo para los que quieren la ruptura y crear su Estado-nación particular, o para aquellos que sueñan con un Frente Popular y una República revolucionaria. La oposición –volviendo al principio– no ha de examinarse por tener un «gobierno en la sombra», sino un plan de recuperación de la democracia. Cuanto antes.
