La defensa del expresident Carles Puigdemont, que encabeza el letrado Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que acusan al instructor del "procés", Pablo Llarena, de haber incurrido en una infracción disciplinaria por "desatender" y "retrasar injustificada y reiteradamente" la tramitación y resolución de los recursos que ha planteado contra la negativa del magistrado a aplicarle la amnistía.
En la denuncia presentada ante el órgano de gobierno de los jueces, cuya composición se renovó hace menos de dos meses, se señala al magistrado del Tribunal Supremo por no resolver dentro del plazo legal los recursos de reforma que presentó el expresident contra la resolución en la que este decidió no aplicarle la Ley de Amnistía al entender que la malversación de caudales públicos por la que está procesado entra dentro de las excepciones.
Pero también en relación al recurso que presentó el líder de Junts contra la nueva orden de detención nacional que dictó el magistrado en una segunda resolución el 1 de julio después de decir "no" a la amnistía de sus responsabilidades penales en el "procés".
Expone en la queja que el titular de la Sala Segunda que tendría que decidir si admite o no a trámite los recursos teniendo en cuenta la fecha en que se interpusieron contra el auto en el que rechazaba hacerle beneficiario de la medida de gracia y el margen que impone la Ley de Enjuiciamiento criminal. Esto es que la resolución debe efectuarse como máximo al segundo día de haber sido notificados los recursos.
Desde el despacho Boye-Elbal le trasladan así al Poder Judicial, aludiendo a la cronología de los acontecimientos judiciales en este caso, que Llarena tenía el deber de pronunciarse sobre los recursos durante la primera mitad del pasado mes de julio y que a día de hoy "siguen sin resolverse", pese a que ya han denunciado con anterioridad "el incumplimiento del pazo legalmente previsto".
Por esta "inobservancia de los tiempos lealmente establecidos" en la que habría incurrido, pide que sea sancionada disciplinariamente como faltas muy graves, grave y leve en su ejercicio de la función jurisdiccional.
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