Las rotativas del Ministerio de Trabajo y Economía Social están en modo reposo por el mes estival de agosto en España. Sin embargo, no son pocas las tareas en materia económica a tratar a la vuelta de las vacaciones de la ministra Yolanda Díaz. De hecho, Comisiones Obreras ya ha avisado de que "habrá movilizaciones para septiembre ante el estancamiento de la reducción de jornada". En este sentido, recordemos, que el objetivo es que se alcancen las 37,5 horas de trabajo a la semana sin merma salarial, en lugar de las ahora 40 horas.
En este sentido, Unai Sordo, secretario general de CC OO lamentaba que las reuniones para tratar la reducción de la jornada laboral "quedaron bastante estancadas" a finales de julio y los primeros días de agosto, por lo que se ha mostrado partidario de que los sindicatos den un impulso a las movilizaciones en la calle y en centros de trabajo. Sin embargo, este asunto no es lo único que preocupa a los alrededor de 2,5 millones de trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional en España.
Actualmente, el SMI para 2024 se sitúa en 1.134 euros distribuidos en 14 pagas anuales, lo que supone un total de 15.876 euros al año. No obstante, no parece que sea suficiente de acuerdo a la subida de precios, lo que supone que a día de hoy los españoles no hayan logrado mantener su capacidad adquisitiva, que continúa perdiendo el paso con respecto a niveles prepandemia.
Según la vicepresidenta del Gobierno, uno de los problemas que tiene la legislación española es que el despido no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho, por lo que que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro, insiste.
De este modo, Díaz fragua ahora un despido más caro, con menos opciones de justificación y, por tanto, con condiciones más favorables para los trabajadores. El objetivo es que el despido "no sea rentable" para las empresas, especialmente en los casos injustificados, en los que la indemnización "reparará adecuadamente el daño causado al trabajador".
Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, la norma que se está ultimando mantendrá una cuantía mínima de indemnización, –"que no tiene por qué ser más elevada que la actual", de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades–, cuyo principal cambio se centrará tanto en las causas del despido como en las cuantías máximas, puesto que la intención de Díaz es "individualizarlos" –apuntan las mismas fuentes–, es decir, personalizar la indemnización en base a las circunstancias personales, con una tabla de baremos oficiales que se aplicarán según las circunstancias de cada trabajador, "lo que sería una indemnización a la carta", confirman.
Para entenderlo mejor, se introducirá un mecanismo para que las empresas no puedan justificar un despido por el descenso o previsión de caída de beneficios como causa objetiva, de forma que la indemnización se elevaría desde los 20 días de salario por año trabajado a los 33 días al ser considerado ahora improcedente. Por tanto, Yolanda Díaz trabaja ya para que las empresas no puedan aducir este despido objetivo cuando se apruebe esta reforma.
Fue en 2021, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, cuando el permiso de paternidad comenzó a ser de 16 semanas para ambos progenitores. Sin embargo, el Gobierno tiene como objetivo ampliar este permiso a 20 semanas, a lo que se suma y también la retribución del nuevo permiso para padres y madres de 8 semanas hasta que su hijo cumpla 8 años.
Ya lo anunció a finales del año pasado, sin embargo, a día de hoy, todavía no se ha puesto en marcha. A todo ello hay que sumarle que de aprobarse la norma, el segundo progenitor también podrá anticipar su permiso hasta 10 días antes de la fecha prevista para el parto. Esta medida tiene como objetivo asegurar que la madre pueda ser acompañada y atendida en la recta final de su embarazo. En cualquier caso, todavía sigue en stand-by y habrá que esperar a septiembre.
