El Ayuntamiento de Gijón no va a retirar el «monumento franquista» dedicado a los «Héroes del Simancas», tal como pedía la propuesta conjunta planteada por IU y Podemos en un pleno a principios de este mes. Vox, Partido Popular, Foro y un concejal no adscrito votaron en contra, mientras que PSOE, IU y Podemos lo hicieron a favor. El principal argumento del Gobierno local es que compete al Principado decidir el futuro de la obra.
El monumento, levantado en 1958, recuerda el protagonismo del cuartel de Simancas, cuyo asedio se comparó a los del Alcázar de Toledo y el madrileño Cuartel de la Montaña. En julio de 1936, el enclave militar se puso de lado de los sublevados, convirtiéndose en objetivo inmediato de milicias obreras que, con apoyo aéreo y de artillería, dejaron en ruinas la posición. Los sitiados contaron con la ayuda del crucero «Almirante Cervera», pero cayeron el 21 de agosto tras los últimos combates, que fueron ya cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada. La tensión fue tal que el oficial de comunicaciones del Simancas logró hacer funcionar uno de los aparatos de transmisión indicando al «Almirante Cervera»: «El enemigo está dentro, disparad contra nosotros». Pero poco pudo hacer el buque ante un desenlace ya sellado.
Entidades como la Federación Asturiana Memoria y República consideran que la representación en memoria de aquella lucha es una afrenta a los valores democráticos e incumple la Ley de Memoria Democrática.
En este contexto de amenaza hacia el símbolo ubicado en la fachada del colegio de La Inmaculada de la Compañía de Jesús y como está haciendo en Tenerife en defensa de una obra de Juan de Ávalos –el principal escultor del Valle de los Caídos–, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces ha solicitado a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento, que considera en peligro «ante las exacerbadas peticiones de la ultraizquierda» en su contra.
El conjunto está constituido por un grupo escultórico, formado por una gran cruz flanqueada por dos ángeles de enormes dimensiones, y «es una de las obras más significativas» del arquitecto Luis Moya Blanco –autor de la Universidad Laboral de Gijón– y el escultor asturiano Manuel Álvarez-Laviada y Alzueta.
Blanco, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Navarra y de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, maestro de algunos de los principales arquitectos españoles del siglo XX, «está considerado, junto con Sáenz de Oiza, como una de las pocas referencias del surrealismo en la arquitectura». Definido por sus colegas como un «arquitecto total», en su figura confluían las dotes de erudito y humanista, «cualidades que hicieron de él una de las grandes figuras de la arquitectura española de la segunda mitad del Siglo XX».
En 1953 fue elegido académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo igualmente miembro honorario del Instituto de Estudios Madrileños. Ocupó también el cargo de arquitecto conservador de la Biblioteca Nacional.
Por su parte, Manuel Álvarez-Laviada y Alzueta fue «un destacado escultor, asturiano de nacimiento», que en 1921 obtuvo una de las dos plazas de pensionado para la sección de escultura en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Su estancia en la capital italiana se prolongó hasta 1928, etapa en la que «forjó su estilo a partir de la influencia de artistas que configuran el denominado Novecento como Morbiducci, Mascherini y Conti, de quienes toma su ambición monumental y constructiva».
Participó en 1925 en la III Bienal de Arte de Roma y concurrió desde muy joven a las Exposiciones Nacionales celebras en Madrid, obteniendo menciones honoríficas en 1910 y 1912, Segunda Medalla en 1926 y Primera Medalla en 1930, lo que le supuso «un reconocimiento definitivo, reforzado por la Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona el año anterior».
Para la entidad peticionaria, resulta «innegable» que la obra de sendos autores «posee un evidente valor artístico, dada su singularidad y prestigio», lo que «la sitúa en el ámbito de la protección histórico-artístico y cultural de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y de la Ley regional 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural de Asturias». La «existencia de este interés artístico del conjunto no constituye ninguna afirmación retórica, huérfana de todo soporte técnico, sino que se pone de manifiesto con su contemplación y análisis artístico». Constituye, además, «un elemento urbano muy arraigado a la ciudad de Gijón».
«Una vez constatado» –como en este caso «lo está»–, «el valor artístico y cultural del monumento, sobre la Administración pesa la obligación de otorgarle la protección» que se solicita. En este sentido, la asociación Raíces apela al «mandato que establece el artículo 46 de la Constitución», a cuyo tenor, «los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran». Asimismo se escuda en el artículo 2.1. de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, donde dice que «son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado (...) garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español». Su entidad artística dejaría al conjunto «exento» de los supuestos que recoge la Ley de Memoria. Y la catalogación como BIC lo salvaría del similar deterioro que vive Cuelgamuros, cuya protección persigue también Raíces, por ahora sin éxito.
