El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para condenar el «fraude millonario producido en la Junta de Andalucía» entre 2000 y 2009. La formación pide además la reprobación de las «acciones y decisiones políticas» que favorecieron «el uso fraudulento» de millones de euros de dinero público en la gestión de los ERE.
Así lo ha registrado el Partido Popular en la Cámara Baja, en un documento al que ha tenido acceso Servimedia, donde afirman que «los hechos sucedieron, el gasto incontrolado se produjo, los usos espurios de dinero público se consumaron y los altos cargos lo facilitaron». Los populares se refieren al «caso ERE de Andalucía», sobre el que dicen: «Existió, los fondos fueron utilizados indebidamente y los cargos del Gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron, de modo deliberado, ese fraude, con independencia de si los medios que utilizaron para ello entran o no dentro del ámbito de lo perseguible penalmente».
«Estas sentencias pretenden establecer jurídicamente un relato de impunidad para los gobiernos en la elaboración de proyectos de ley que tienen el objetivo de legalizar actuaciones deliberadamente dirigidas al menoscabo de fondos públicos», consideran.
Los populares destacan que lo que no se puede es «establecer un relato fáctico alternativo sobre lo que sucedió en Andalucía en esos años: millones de euros públicos fueron gestionados sin control y fueron utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado por los máximos cargos del gobierno de la Junta de Andalucía».
Desde el PP se muestran sorprendidos con el Gobierno y el PSOE porque «ni siquiera la intervención del Tribunal Constitucional cuestiona que los hechos, tal y como han sido probados, se produjeron, por lo que resultan incomprensibles determinadas declaraciones que altos cargos del Gobierno y del PSOE han realizado en los últimos días pretendiendo cuestionar el relato de hechos probados y la responsabilidad de sus gobiernos».
«Resulta preocupante que se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción jamás tuvieron lugar o de que los dirigentes acusados fueron totalmente ajenos a ellos, cuando no es tal cosa la que se deduce de unas sentencias que únicamente cuestionan la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que no se niegan», inciden.
