El sector agrario español vuelve a encontrarse con nuevas piedras en el camino. Hace escasos meses, agricultores y ganaderos tomaron las calles para denunciar que los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como la competencia desleal de otros importadores extracomunitarios y la asfixia burocrática y medioambiental estaban acabando con el sector. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptó 43 medidas y desde Bruselas, la Comisión Europea también se comprometió, entre otras acciones, a reducir la carga administrativa del sector agrícola y a excluirle de ciertas exigencias de reducción de emisiones. Pero Europa ha dado una de cal y una de arena, sobre todo, a la ganadería intensiva avícola y de porcino, a las que ha incluido en su nueva directiva para reducir las emisiones contaminantes de la industria.
La directiva actualizada de emisiones industriales entró en vigor hace una semana y los Estados miembros disponen desde ese día de un plazo de 22 meses para trasladar sus disposiciones a sus marcos legislativos nacionales. Se espera que, con la aplicación de la normativa, en 2050 se reduzcan las emisiones de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono en un 40% en comparación con los niveles observados en 2020. Se regulará su emisión mediante la obtención de permisos en los Estados miembros, siempre que las instalaciones industriales y agroindustriales cumplan con los requisitos exigidos.
En concreto, la directiva reduce ciertos umbrales para la cría de animales, que abarca a las explotaciones intensivas con 300 cabezas para cerdos y 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y 350 animales para granjas mixtas -en todos los casos son unidades equivalente a ganado mayor, así las 300 unidades para las granjas ponedoras equivaldrían a un censo de 21.429 gallinas (antes 40.000)-, con normas que se aplicarán de manera progresiva a partir de 2030 y empezando con las granjas más grandes. Quedan excluidas las granjas extensivas y la cría de animales para uso doméstico, así como las explotaciones de vacuno, pese a ser una de las principales responsables de las emisiones de metano. Por el contrario, sí abarca “la extracción y tratamiento de minerales no energéticos producidos a escala industrial, como hierro, cobre, oro, níquel y platino” y abre la puerta a incluir otros minerales industriales si la Comisión Europea hace una propuesta en ese sentido.
Las infracciones de la normativa serán sancionadas en función de la gravedad y duración, si son recurrentes y las personas y el medio ambiente afectados. En los casos más graves, las multas deberán ser de “al menos el 3% de la facturación anual del operador en la UE”. Además, se trata de la primera ley medioambiental de la UE que recoge el derecho de los ciudadanos a reclamar una indemnización por daños a la salud como resultado de una violación de la directiva.
Miguel Ángel Higueras, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), explica que la avicultura y el porcino son responsables del 3,5% de las emisiones en Europa, un nivel “muy secundario” y se queja de la exclusión del vacuno de la directiva: “Cuando el productor de metano se queda fuera de la norma de emisiones, para nosotros está claro que es un tema político”. En su opinión, la directiva es “desproporcionada”, ya que reduce la cifra de cabezas de ganado para obligar a las granjas a solicitar autorización ambiental. “Entran en juego un montón de granjas muy pequeñas que tienen que cumplir unos requisitos ambientales para los cuales, por dimensión y por capacidad, no van a estar preparadas”, critica. “En estas granjas, el esfuerzo económico -mayormente en tasas burocráticas- y los cambios no justifican para nada la supuesta mejora medioambiental para la UE, porque esta va a ser un 0,0005%”, añade. Así, considera que la aplicación de la norma va a suponer un sobrecoste y una mayor carga burocrática, pero apenas va a repercutir en una reducción de las emisiones.
En opinión de Jaume Bernis, responsable de porcino de COAG, la directiva “criminaliza la ganadería y la compara con diversas formas industriales que nada tienen que ver la una con la otra”. “Tenemos controles de emisiones desde hace años. Tenemos ya cuantificado lo que emitimos de gases de efecto invernadero como lo que producimos en temas de nitrógeno, fósforo y potasa, ¿qué más falta? No vale que nos traten como si no cumpliéramos con las normas con las que hasta ahora hemos cumplido”, denuncia. “Evidentemente queremos mejorar el bienestar animal y de las personas, pero también que los ganaderos se puedan ganar la vida. Si las inversiones son tan elevadas que provocan un sobrecoste insostenible, quedamos en desventaja con carnes de países terceros”, advierte Bernis.
En la avicultura de puesta, en cambio, el impacto será más comedido. La gran mayoría de las granjas comerciales de la avicultura de puesta española están fuera del ámbito de aplicación de la directiva (de 1.638 registradas en 2023, entrarían 321). Las que ya entran en el ámbito (208 granjas), que suponen la mayor parte del censo de gallinas ponedoras, tienen sus autorizaciones ambientales al día y aplican las mejores técnicas disponibles (MTD) para la reducción de emisiones desde hace años, cuando entró en vigor la actual norma, explican desde la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) a LA RAZÓN. Además, las nuevas granjas afectadas (113) no tendrán que realizar grandes cambios, ya que las MTD son, en general, conocidas y aplicadas con normalidad por el sector y no suponen gastos extraordinarios significativos.
Entrar en el ámbito de la directiva sí implica, por el contrario, una carga administrativa adicional, porque se requiere solicitar la autorización ambiental y detallar los datos de la actividad y las emisiones y las MTD aplicadas para obtenerla, así como declarar anualmente las emisiones al sistema Ecogan y renovar el permiso periódicamente, y también en caso de modificaciones sustanciales de las instalaciones. Por ello, Inprovo reclama que la carga administrativa se simplifique.
Pero la ganadería avícola se topa con otro obstáculo mayor: el impacto económico de la propuesta legislativa de la UE en materia de bienestar animal para el sector de la avicultura de puesta. Según un informe presentado por Inprovo y realizado por profesores de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, el coste económico de la transformación de las granjas a sistemas sin jaulas supondrá para los productores españoles unas inversiones totales de más de 2.300 millones de euros.
La interprofesional indicó que la reducción de densidad de las granjas a cinco gallinas por metro cuadrado podría rebajar el número de ponedoras un 13% en la UE (de 379 millones de aves a 330 millones). Esto lastraría la productividad y la UE pasaría de ser excedentaria a tener que importar huevos. Además, la eliminación de las jaulas en las granjas también repercutirá en el bolsillo de los consumidores. El coste de producir una docena de huevos en el sistema de gallinas sueltas en gallinero sería un 17,3% más que producirlo en jaulas, mientras que en el caso de las gallinas camperas el aumento sería del 30,9%.
Por ello, Inprovo ha pedido la prohibición de la construcción de nuevas instalaciones con jaulas desde el momento en el que se publique la nueva regulación, que la transformación se realice de manera paulatina, que el texto incorpore ayudas financieras con fondos adicionales a los contemplados en el presupuesto de la PAC y que se establezca un plan de abandono con ayudas para aquellos productores que no deseen continuar su actividad.
En cuanto al impacto de la directiva en la minería, César Luaces, director general de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea), explica que sólo afecta a una pequeña parte de la industria extractiva, en concreto a parte de la minería metálica y de algunos minerales industriales, precisamente porque al sector ya se le aplican otras directivas que le obligan a controlar residuos, emisiones, consumo de agua, etc. En opinión de Luaces, aunque el impacto es limitado, la norma supone, al igual que denuncian los otros sectores afectados, una carga burocrática redundante.
