Los populares quieren recabar datos sobre el papel del Ministerio del Interior en la fuga del líder de Junts
Cerco del PP al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. El magistrado Pablo Llarena ha pedido ya informes sobre el fallido operativo policial para detener a Carles Puigdemont y el PP también ha hecho lo mismo, aunque a través de una solicitud en el Congreso. En concreto, la diputada de los populares, Ana Vázquez, ha registrado una petición dirigida al Ministerio del Interior, en la que solicita una copia de todos los documentos, actas e informes relativos al dispositivo policial que se estableció para detener a Puigdemont.
Vázquez también pide una copia del acuerdo que recogía que los Mossos d'Esquadra tenían que encargarse de la detención de Puigdemont y se excluía a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. En este sentido, el PP también quiere contrastar la versión del Gobierno, que hasta ahora se sacude las manos y se limita a culpabilizar a los Mossos d'Esquadra de la fuga de Puigdemont.
La petición del PP se ampara en el artículo 7 del Reglamento del Congreso, que recoge que "para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas". De esta manera, con esa alusión a las administraciones públicas, los grupos parlamentarios tienen potestad para solicitar información tanto al Estado, comandado por el Gobierno, como a la Generalitat, liderada por el Govern.
En todo caso, está por ver qué ocurre ahora con el cambio de Govern ya que Salvador Illa ha sido investido en las últimas horas y, tras tomar posesión, empezará a nombrar a sus consejeros. Si se confirma que Núria Parlón es la nueva consejera de Interior, ella será quien tenga que tomar decisiones en el departamento y en los Mossos d'Esquadra tras lo sucedido con Puigdemont. En todo caso, Illa ya se comprometió a hacer cambios en la cúpula de la policía catalana y volver a situar como máximo responsable a Josep Lluís Trapero, quien, precisamente, perdió la confianza de los independentistas porque reveló que tenía un plan para detener a Puigdemont.
