De nada sirve que el Ejecutivo se afane en descargar toda la responsabilidad de la huida de expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre los Mossos y exclupe al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska de toda responsabilidad. Prueba de ello es que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés , ha pedido al Ministerio del Interior, además de a los Mossos d’Esquadra, que identifiquen a los responsables del operativo que pretendía detener al expresident de la Generalitat este jueves en virtud de la orden nacional de busca y captura que el magistrado mantiene vigente. Además, desde el PP tambiénhan pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.
No en vano, de la cartera que dirige Marlaska depende la seguridad de las fronteras nacionales. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior no se dio a la Policía Nacional y a la Guardia Civil una orden específica para que establecieran, en el ámbito de sus competencias, ningún reforzamiento ni dispositivo adicional con el fin de detectar y detener (al existir la orden del Tribunal Supremo) al prófugo Carles Puigdemont, según ha podido saber LA RAZÓN.
Por lo tanto, por enésima vez desde su su nombramiento el 7 de junio de 2018, después de que la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) diera la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez (PSOE), Grande-Marlaska vuelve a estar en el ojo del huracán, pese a que no se haya pronunciado un día después del esperpento protagonizado por las fuerzas del orden.
El regreso y fuga del prófugo le vuelve a situar en el centro de la polémica. Durante los más de 2.000 días que lleva al frente de esta cartera son innumerables las polémicas que le achicharran de las que, todo sea dicho, siempre sale victorioso. Y es que muchas son también las crisis que ha eludido y sorteado, bajo el amparo y la indulgencia de Sánchez. A saber: la tragedia en Barbate; el cese arbitrario del coronel Pérez de los Cobos; el hacinamiento de inmigrantes en Barajas; la falta de previsión en el asalto a la valla de Melilla y la expulsión ilegal de menores; el uso de gases lacrimógenos en Ferraz... y así una larga lista de reproches y denuncias que caen en saco roto, una vez sí y otra también.
