Este nuevo golpe a las fuerzas progresistas del país evidencia cómo los sectores conservadores, fuertemente ligados a la monarquía, mantienen su capacidad de impedir cambios políticos significativos
En una decisión contundente, el Tribunal Constitucional de Tailandia ha decretado la disolución del Partido Movimiento Adelante (MFP), una agrupación política de corte reformista que obtuvo una notable mayoría en los comicios generales del año pasado.
La resolución, adoptada de forma unánime por el máximo tribunal, se fundamenta en el argumento de que el MFP intentaba enmendar la estricta ley de lesa majestad (artículo 112) - que penaliza las críticas hacia la familia real-, una acción considerada como una amenaza para la monarquía constitucional tailandesa.
Asimismo, la sentencia impone a todos los líderes del partido la prohibición de ejercer en la política durante la próxima década, incluido su líder Pita Limjaroenrat, lo que plantea serios interrogantes sobre el futuro del movimiento reformista en el país.
Este revés para las fuerzas de transformacion tailandesas se produce a pesar de que el MFP logró imponerse en los comicios de 2023 gracias a una plataforma progresista que incluía, además de la reforma del artículo 112, acabar con el servicio militar obligatorio y los monopolios empresariales. Sus victorias incluso en la conservadora capital, Bangkok, sugerían un significativo respaldo popular a su agenda de cambio.
Sin embargo, el Senado, integrado por miembros designados por los militares, impidieron que Limjaroenrat asumiera el cargo de primer ministro, en gran parte por su propuesta de modificar la ley de lesa majestad. Desde entonces, grupos cercanos a la Corona han presentado recursos legales que han derivado en la controvertida y tajante decisión judicial.
El nuevo golpe a las facciones progresistas en el país asiático evidencia cómo los sectores conservadores, fuertemente ligados a la monarquía, mantienen su capacidad de impedir cambios políticos significativos, incluso a pesar del respaldo popular a propuestas de transformación.
Con un fallo unánime de 9-0, el Constitucional invalidó de facto los votos de 14 millones de ciudadanos, consolidando así una tendencia de intervención por parte de las élites en la política nacional. Esta acción busca aislar a la clase dirigente monárquica-conservadora de cualquier desafío significativo.
Así pues, desde 2007 Move Forward se ha convertido en el noveno partido disuelto por las autoridades judiciales, siguiendo el camino de su predecesor, Future Forward, que fue desmantelado en febrero de 2020 por infracciones relacionadas con la financiación de campaña.
Anticipándose a esta sentencia, el MFP implementó un plan de contingencia previamente diseñado. Pocas horas después de la resolución judicial, sus líderes hicieron un anuncio sobre la fundación de un nuevo partido, replicando la estrategia adoptada tras la ilegalización de Future Forward. Los 143 legisladores que permanecen en funciones tendrán la posibilidad de retener sus escaños si optan por cambiar de partido en un plazo de 60 días.
Según informes de los medios locales, es probable que se reorganicen bajo la actual formación política Thinkakhao Chaovilai, con el objetivo de evitar los engorrosos trámites burocráticos que conlleva la creación de un nuevo partido. “No abandonaremos nuestro sueño, nuestra misión y la responsabilidad que se nos ha encomendado”, afirmó ante la prensa la líder adjunta Sirikanya Tansakul. “Mientras contemos con el respaldo del pueblo y su apoyo en nuestro esfuerzo por transformar este país, continuaremos avanzando”.
Con la sombra de los líderes proscritos ejerciendo influencia tras bastidores, la nueva formacion puede prever un desempeño electoral favorable en los próximos comicios. Cabe destacar que la disolución de Future Forward a comienzos de 2020 catalizó un movimiento de protestas masivas contra el gobierno, principalmente impulsadas por una generación joven que buscaba reformas profundas y un cambio político significativo.
Este ciclo de movilizaciones, que se extendió hasta principios de 2021, fue abruptamente interrumpido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19 y por las medidas represivas en virtud del Artículo 112. La dinámica actual sugiere que, a pesar de las adversidades, la resiliencia y la organización de sus líderes podrían aún resonar con una ciudadanía ávida de transformación.
Para numerosos jóvenes tailandeses, que alcanzaron la mayoría de edad política desde el golpe militar de 2014, la disolución del partido que ocupó el tercer lugar en las elecciones generales de 2019 desencadenó un proceso de radicalización. Por primera vez, aquellas revueltas incluyeron críticas explícitas hacia la monarquía y su papel en la perpetuación de las profundas concentraciones de riqueza y poder en el país.
A pesar de los esfuerzos de la élite conservadora por silenciar estas voces, esta cuestión ha emergido como un tema central en el discurso político contemporáneo, desafiando así las estructuras de poder preestablecidas y abriendo un espacio para el debate sobre la democratización y la justicia social.
No se puede descartar un regreso a la política de protesta en las próximas semanas y meses, especialmente en Bangkok, ya que se ha convertido en un bastión de apoyo para Move Forward. Sin embargo, es probable que sus exlíderes adopten una postura cautelosa respecto a la promoción de manifestaciones.
En una carta abierta enviada la semana pasada, Pita expresó su reserva sobre el fomento de la movilización callejera, señalando que Tailandia está inmersa en una "contienda a largo plazo" contra los intereses conservadores. Adicionalmente, subrayó que "el camino hacia una mayor democracia debe evolucionar a través de transiciones pacíficas y mediante elecciones creíbles".
Por otra parte, el reciente dictamen representa un importante revés económico, especialmente para el gobierno del primer ministro Srettha, cuyo objetivo primordial es fomentar el comercio y la inversión extranjera para revitalizar la economía.
La inestabilidad política ha supuesto un obstáculo significativo para el crecimiento del país, caracterizado por cambios de gobierno frecuentes que han generado un entorno empresarial incierto, así como por protestas que han interrumpido sectores fundamentales, como el turismo. Este clima de inestabilidad ha erosionado la confianza de los inversores y ha dificultado la planificación económica a largo plazo, complicando la implementación de políticas coherentes y efectivas.
La falta de continuidad en el liderazgo ha paralizado importantes reformas y proyectos de infraestructura, dificultando así el avance de Tailandia de una economía de renta media a una de renta alta. La persistente agitación política se erige como un obstáculo para el desarrollo económico sostenido y la modernización del país.
Esta inestabilidad también impacta en los acuerdos de libre comercio; por ejemplo, la Unión Europea suspendió las negociaciones tras el golpe militar de 2014, aduciendo serias preocupaciones sobre el respeto a la democracia y los derechos humanos bajo el régimen militar. Con la reanudación de estas negociaciones el año pasado, se anticipa que el gobierno de Srettha enfrentará una presión considerable por parte de Bruselas para fortalecer las instituciones democráticas, y ahora deberá rendir cuentas ante el reciente veredicto.
