La que fuera delegada de contra la violencia de género en el anterior Gobierno, la jueza Victoria Rosell, volvió a generar controversia este pasado martes después de que exigiese que una mujer fuese la próxima presidenta tanto del CGPJ como del Tribunal Supremo.
O lo que es lo mismo: que se antepusiese la paridad como criterio en al selección del candidato a otros de mérito y capacidad. Compartía la exdirigente de Podemos una recogida de firmas para reclamarlo.
Su publicación recibió la contestación de la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, que le señaló que "recoger firmas sí, que vote la carrera no", en alusión a que pedía el apoyo con firmas a un extremo –que sea o no una mujer la presidenta del Poder Judicial– que corresponde a los propios vocales del Consejo General. Por ello, le dirigió un crítico "no queréis democracia, queréis imposición".
Rosell replicó la respuesta de Del Barco en Twitter, que la podemita consideró una muestra de que "hay nervios en la derecha judicial". Comparó, de manera crítica, el "que vote la carrera judicial" que defendió la presidenta de la APM con el "sufragio censitario".
Y, en este sentido, preguntó de manera retórica por qué no tendrían que poder votar también sobre el órgano de gobierno de los jueces los fiscales, la abogacía, "el pueblo soberano a través del Congreso", o, planteó, "directamente" el conjunto de la ciudadanía.
María Jesús del Barco no dudó en volver a reaccionar al tuit en el que Rosell le contestaba. "Yo soy juez, ni de derecha ni de izquierda judicial", le corrigió, después de que le relacionase con lo que denominó "la derecha judicial".
"Los calificativos te los aplicas a ti que has pasado los últimos años metida en política hasta el corvejón y chapoteando", le espetó, antes de lamentar en el mismo mensaje que "tarde se han regulado las puertas giratorias" entre los cargos políticos y el ejercicio de la magistratura.
Victoria Rosell entró en política hace nueve años como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones generales de 2015. Fue elegida diputada y renunció a repetir como candidata en la repetición electoral de junio de aquel año por una querella admitida a trámite por el Tribunal Supremo que fue presentada por el exministro José Manuel Soria.
Tras ser archivada, volvió a la política activa y se presentó de nuevo como número uno de Unidas Podemos en los comicios generales de abril de 2019, volviendo a ser escogida diputada. Lo mismo en las que se volvieron a celebrar noviembre de 2019.
Renunció al escaño en enero de 2020 para entrar como delegada el Gobierno contra la violencia de género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Llegó a ser señalada como la candidata de los de Belarra a vocal del CGPJ, pero la ruptura de las negociaciones por parte del PP con el PSOE a razón de la reforma del delito de sedición impidió que así fuera.
