Carles Puigdemont está de regreso en España. Lo hará para presenciar el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, y cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las pasadas elecciones, Salvador Illa, tras un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
"Tengo que estar y quiero estar". Así fue como se expresó el expresidente al ser preguntado por el hecho de estar presente en el acto de toma de posesión de Illa, aunque le pese una orden de detención desde hace siete años debido a los actos acontecidos el 1 de octubre de 2017, también conocido como "El Procés".
Se espera que durante el día de hoy el ex-dirigente pueda ser arrestado por las autoridades, ya que sigue legalmente procesado por delitos de malversación agravada y desobediencia y el juez Llarena le declaró no amnistiable, así como mantuvo vigente su orden de detención. Por su parte, desde los Mossos d Esquadra ya han declarado que no quieren que se formen disturbios, ya que desde las asociaciones y partidos políticos pro-Puigdemont se han convocado concentraciones.
"En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática", declaró el antiguo mandatario catalán, que cuenta con un último recurso en la recámara para esquivar un juicio por el 1-0.
Este no es otro que el habeas corpus, que es, es palabras del Diccionario Panhispánico del español jurídico, un "procedimiento judicial al que puede acudir cualquier persona privada de libertad si estima que lo está ilegalmente, a fin de que un juez verifique la legalidad de la citada privación".
Esta figura jurídica está recogida en la Ley Orgánica 6/1984, que asegura que será un juez de guardia de los Juzgados de instrucción donde sea detenido el reclamante el que dicte qué sucederá con este primero. Lo tendrá que hacer en un plazo de 24 horas desde que se redacte en un auto judicial la incoación del procedimiento.
Es decir, y aplicado a este caso, si Puigdemont considera que está en esa condición de una manera ilegal, este puede presentar esta figura jurídica en el Juzgado correspondiente para intentar conseguir la libertad las 24 horas siguientes después de presentarlo.
No obstante, también puede suceder el caso de que presente este habeas corpus y el juez no estime sus alegaciones, provocando que, en dicho escenario, la defensa de Puigdemont presente un recurso de amparo y se vaya el caso directamente al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, sus opciones son remotas, ya que Puigdemont tiene el agravante de estar huido siete años de la Justicia, y además está acusado de delitos que conllevan penas superiores a los 12 años por delitos de malversación de caudales públicos por los actos cometidos en 2017.
