Brahim Ghali llegó al hospital San Pedro de Logroño el pasado 18 de abril pasadas las diez de la noche. Llegó aquejado de una neumonía grave causada por el Covid tras aterrizar su avión procedente de Argel en la base militar de Zaragoza, donde por decisión de Exteriores se le eximió de pasar el control de pasaporte y aduana. El líder del Frente Polisario abandonó el centro en la madrugada del 2 de junio, sólo unas horas después de declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que tras interrogarle por dos investigaciones por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal, no le impuso medida cautelar alguna que limitase sus movimientos.
En total, 44 días íntegros (el 18 de abril llegó de noche y el 2 de junio regresó a Argelia de madrugada en un avión que despegó del aeropuerto de Pamplona). Una atención médica que –como informó LA RAZÓN– Ghali se comprometió a asumir por escrito en un impreso para la atención a pacientes no financiados en el sistema nacional de salud. Y es que, pese a que tiene DNI en vigor desde 2006, eso sí, con su verdadero nombre, Gali Sidi-Mohamed Abdelyelil (lo renovó en Talavera de la Reina en junio de 2016), se registró con un pasaporte argelino falso a nombre de Mohamed Benbatouche.
Hasta el momento, la Consejería de Salud de la Rioja se ha negado a facilitar cualquier dato sobre el coste de la atención sanitaria que recibió Ghali (ni siquiera se sabe con exactitud cuántos días permaneció en la UCI del citado centro hospitalario), escudándose en la confidencialidad de esa información que protege la intimidad del paciente al amparo de la ley de protección de datos.
Pero la orden 17/2014 de 16 de noviembre de 2014 de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se establece y regula el precio público por los servicios sanitarios prestados a particulares en los centros del Servicio Riojano de Salud permite, permite fijar el coste estimado de esa misteriosa factura (que por otra parte también se desconoce quién abonó finalmente).
Y es que esa disposición establece los precios «por día de estancia y cama ocupada» (la última actualización que consta en la web del Gobierno de La Rioja es de septiembre de 2018) para la facturación de los gastos de hospitalización. Ese baremo estipula que cada día de estancia en una unidad de hospitalización supone 771,85 euros y el de permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 2.300,55 euros.
Como ya se ha apuntado, se desconoce cuántos días estuvo exactamente Ghali en la UCI (algunas informaciones apuntan a que fue trasladado a planta casi un mes después de su llegada al hospital). Pero un informe médico del hospital riojano de fecha 4 de mayo remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz (cuando el magistrado estaba pendiente de la evolución de Ghali para tomarle declaración) hace referencia a que permaneció intubado hasta el día anterior.
Según fuentes sanitarias consultadas por este periódico, en esas circunstancias el líder del Frente Polisario permanecía aún en la UCI, por lo que estuvo en cuidados intensivos al menos 16 días (y probablemente alguno más). Por tanto, el coste mínimo de esas casi tres semanas en la UCI ascendería a 36.808 euros. Si el resto de su estancia en el hospital estuvo en planta, esos otros 28 días habrían acarreado un coste añadido de 21.611 euros. En total, un mínimo de 58.411 euros (una factura que engordaría notablemente por cada día que siguiera en cuidados intensivos a partir de ese 4 de mayo).
A este montante habría que sumar, no obstante, el coste del desplazamiento de la ambulancia del Servicio Riojano de Salud que fue a buscar a Ghali al aeropuerto de Zaragoza. Esa ambulancia medicalizada salió a las 17:22 horas y llegó al aeropuerto a las 19:03. A las 22:02 horas de ese 18 de abril llegó al hospital San Pedro de Logroño.
En el documento en el que Ghali (o su alter ego de Mohamed Benbatouche) asume el coste de la atención médica, no consta ni el número identificativo de su documento ni su domicilio o teléfono. Lo firma su «representante legal» (sin identificar), o bien su hijo o su médico personal.
El líder del Frente Polisario solicitó «asistencia sanitaria por parte del sistema público sanitario de La Rioja» y se compromete a hacerse cargo económicamente «de los gastos que se deriven de mi asistencia, abonando la factura que se me remita por los servicios prestados en la forma en que se me indique».
Ahora, el gerente del hospital –cuya declaración como testigo ha pedido una acusación popular– quizá pueda arrojar luz sobre esa factura y quién la pagó finalmente.
