Mientras que para la legislación española es una especie en «situación desfavorable», ganaderos de Castilla y León y de Cantabria denuncian que el número de ataques que sufren por parte de este anima lleva años disparándose
En «situación desfavorable». Según la normativa española, este es el término que define cuál es el estado del lobo en España actualmente. Un término que, además, ha servido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para invalidar la normativa de Castilla y León, que permitía la caza del lobo al norte del río Duero. La noticia se ha recibido como un jarro de agua fría en gran parte del sector ganadero, especialmente en aquellos que realizan su actividad en provincias castellanoleonesas o cántabras. Allí, según lo que defienden, la situación del lobo es de todo menos «desfavorable». Una situación que les conlleva la muerte de sus ovejas y vacas, y la pérdida de importantes cuantías de dinero, entre otras cosas. Todo esto lleva a cuestionarse cuál es realmente el estado de la especie del lobo en la Península.
En septiembre de 2021 entró en vigor la ley que prohibía cazar lobos en todo el territorio nacional. La orden, derivada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), incluía a esta especie dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que conllevaba que las comunidades que hasta ahora autorizaban su caza tuvieran que dejar de hacerlo. «Las medidas de control de la especie pasarán a tener carácter excepcional», velaba la ley. Hasta entonces, sí se permitía cazar lobos al norte del Duero, donde se encontraba en situación favorable, mientras que quedaba prohibido al sur de este río.
Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia mostraron su absoluto rechazo a la nueva normativa, siendo sus voces especialmente notorias, puesto que son estas cuatro comunidades las que alojan al 95% de los ejemplares de la especie.
Fue entonces cuando el Gobierno regional de Castilla y León aprobó una norma que permitía cazar 339 lobos al norte del río Duero, en un período que comprendía de 2019 a 2022, alegando para ello que el animal estaba en un mejor estado de conservación en esa zona que en otras de la Península. Esta semana, la Unión Europea ha calificado esa norma como «ilegal», y ha zanjado el debate de si se puede o no cazar lobos en tierras castellanoleonesas.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendía que en la provincia nunca se ha cazado el lobo «si no estaba en estado de conservación favorable», por lo que «acata y comparte plenamente» la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
La cuestión problemática deriva, de hecho, del número de lobos que habitan en la provincia. Según datos de la Junta, en 2023 se registraron 3.558 ataques a ganado por parte de los lobos, lo que provocó la muerte de 5.566 cabezas. El sector ganadero lleva años reclamando que se ataje un problema que les supone enormes pérdidas económicas, entre otras cosas, y también pidiendo que se controle la población, en vistas de las evidencias que indican que cada vez hay más lobos. Al menos en la zona.
Si bien es cierto que la Junta de Castilla y León contempla una serie de indemnizaciones para aquellos que pierden ganado a causa de un ataque producido por lobos, lo cierto es que el sistema no termina de funcionar adecuadamente. Los ganaderos denuncian que no siempre hay «evidencias» de que la muerte haya sido provocada por este animal, y las administraciones, por su parte, piden «indicios determinantes» para dar el dinero. La región, además, cada vez cuenta con más aves carroñeras, lo que a veces provoca que no quede nada excepto los huesos de la presa devorada.
Ganaderos abulenses cuentan para LARAZÓN que, cuando sufren un ataque, un agente de la Junta acude hasta el lugar de los hechos y tiene que determinar si las señales se corresponden o no con el asalto de un lobo. Según defienden, a veces tardan en encontrar al animal muerto, lo que supone despedirse de la indemnización, ya que para cuando lo encuentren, se lo habrán comido las carroñeras y no podrán acreditar el ataque del lobo, como demanda la UE. También lamentan que estas recompensas económicas tardan incluso un año en llegar. «Pero es que ya no es solo el dinero», argumentan, y aluden también a que para ellos, «perder un animal, al que has criado y cuidado, da mucha pena y es muy desagradable. Sentimos lo mismo que sentiría alguien a quien le asesinan a su perro».
Desde el sector ganadero defienden que las últimas repoblaciones realizadas por la Junta han provocado un «descontrol» en la población de lobos, algo que para ellos se antoja «indudable» debido al incremento de casos de ataques.
El panorama es bastante similar en Cantabria. Ante la sentencia del TJUE, el Gobierno regional dijo que «aceptaba y respetaba» la norma, no sin antes añadir que esta había sido redactada en base a datos no reales. Pablo Palencia, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, lamentaba que el último informe sexenal disponible sobre las poblaciones del lobo datara de 2013 a 2018, alegando a su vez que la situación a día de hoy es muy distinta. Según explicó Palencia a Ep, este último informe, además, no recogía la información de Cantabria, Asturias y Castilla y León, tres de las principales comunidades loberas junto con Galicia.
Según los datos que arrojó el consejero, en las comunidades loberas del Cantábrico este 2024 habría 71 manadas más que en 2018. Solo en Cantabria, en 2019 se abrieron 900 expedientes por ataques de lobo, y en 2023 fueron más de 2.300, lo que supone un incremento de más del 250%.
Para Palencia es fundamental la elaboración de un informe nuevo que recoja toda la información posible sobre las manadas y la población, y por ello, ya han pedido al Miteco incluir en la siguiente reunión la posibilidad de celebrar una conferencia sectorial, preferiblemente presencial, en la que «las Comunidades Autónomas podamos votar una nueva estrategia del lobo a nivel nacional, porque la de ahora no funciona. Es un fracaso», declaró para Ep.
A ojos de Palencia, y en vistas del incremento desproporcionado del número de ataques, las decisiones que regulan a este animal se toman a partir de los datos oficiales, pero «los datos oficiales no son reales». Desde que el lobo se incluyó en el Lespre, las hembras no han dejado de criar, y cada una puede tener entre 13 y 14 cachorros al año, según explicó el consejero cántabro , a lo que también añadió que desde que el animal se encuentra protegido, en España hay 71 manadas más.
Al igual que ocurría en Castilla y León, desde Cantabria también han lamentado las pérdidas que acarrea esta situación al sector ganadero, así como lo mucho que tarda el dinero en llegar a los afectados. Reclaman una mayor provisión de fondos por parte del Estado para poder hacer frente a las solicitudes recibidas, y es que según Palencia, la previsión para este año «no cubre ni el 50% de los gastos necesarios».
A priori, las solicitudes no descenderán en los meses venideros, más aun cuando la sentencia del TJUE determina de manera clara que «el hecho de que una especie animal pueda ser objeto de medidas de gestión no implica que su estado de conservación sea favorable». La justicia europea ha tirado de memoria para recordar también que entre 2013 y 2018 el Gobierno de España informó a la Comisión Europea de que el lobo, en todo el territorio nacional, se encontraba en situación desfavorable. La decisión de permitir la caza de una especie en peligro de extinción «tiene que estar justificada y basarse en los datos relativos a la vigilancia del estado de conservación», resume el TJUE.
Compatibilizar la existencia del lobo con las actividades humanas es también un objetivo marcado por Europa, y a lo que se acogen ahora Cantabria y Castilla y León para revertir la situación actual, que lleva al sector primario a un panorama aún más delicado.
