Hace once años, en el último año del ya desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general de los socialistas, el PSOE firmó la Declaración de Granada por la que se comprometía a defender por siempre un Estado de las autonomías basado en la solidaridad entre las comunidades y con la vista puesta en reducir las desigualdades fiscales que existen entre las distintas regiones del país. Entonces, el socialismo era tajante: basta de "privilegios" para algunos ciudadanos determinados por el lugar de España en el que residen.
En 2017, cuatro años después, ya con Pedro Sánchez al frente, se ratificó en el seno del partido este mismo compromiso en un acuerdo directo suscrito con el PSC al que se llamó la Declaración de Barcelona.
El texto fue acordado por el Consejo Territorial. El órgano del partido formado por los barones autonómicos y la dirección federal, que lideraba entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba y encargado de fijar la postura de la formación respecto a cómo debe ser la organización territorial del Estado y la relación de las comunidades autónomas con la Administración central.
Este es, precisamente, el mismo órgano orgánico -ahora denominado Consejo Político Federal- que algunos líderes regionales socialistas han pedido convocar esta semana al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se conociese el pacto con ERC para dar a Cataluña un cupo fiscal ajeno al régimen común y que le permitiría recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos que se pagan en la región.
Varios han sido los barones del PSOE que han expresado su rechazo al concierto y han alertado de que conllevaría la quiebra de la igualdad entre españolas y del principio de solidaridad en la relación entre los territorios. Por ello, han pedido a Ferraz abrir un debate interno para discutir y decidir de forma conjunta cuál debe ser la posición del Partido Socialista en torno la financiación autonómica.
Entre ellos, los presidentes de Asturias, Adrián Barbón y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o los líderes del PSOE de Aragón, Javier Lambán y el de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
En aquella ahora olvidada Declaración de Granada se fija que el PSOE defiende y defenderá un Estado de las autonomías del siglo XXI que pasa por establecer una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar "igualdad de derecho básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan". "Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones", recogía el texto.
El documento también expone que trabajarán por "el respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común" y remarcan que el sistema debe estar basado en la "solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales".
Esta posición de los socialistas es anterior a que surgiese el "procés" en Cataluña, pese a que ellos ya advertían de las aspiraciones independentistas de los partidos nacionalistas de la región y alertaban de que habían abandonado "el terreno de la moderación" en su manera de hacer política.
"Como formulamos en julio de 2013 en la Declaración de Granada, estamos convencidos que la solución definitiva al actual desencuentro pasará por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal. En este camino, es necesario avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional", anunciaron públicamente Ferraz y su federación catalana.
Esta Declaración de Barcelona establece que el PSOE impulsará un sistema de financiación "más justo y equitativo" y señalaba que las comunidades afrontaban problemas para financiar la Ley de la Sanidad y la de Dependencia. "En esa negociación los socialistas defenderemos la propuesta de financiación contenida en los Acuerdos de Granada".
