El pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de Cataluña a cambio de una financiación singular para la comunidad ha generado un sonoro malestar entre los principales socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Un cisma que, a la vez, se ha abierto dentro del socio minoritario de la coalición de Gobierno sin que, de momento, la vicepresidenta salga a apaciguar los ánimos o a negar al PSOE la posibilidad de conceder una Hacienda catalana. La mayoría de partidos que conforman el grupo parlamentario se han posicionado en contra de aceptar una «financiación a la carta» que beneficie a la región mientras que otras comunidades como Valencia o Aragón no reciban el mismo trato suscrito en el preacuerdo entre el PSC y ERC, que contempla la salida de Cataluña del sistema de régimen común y la gestión del 100 por cien de los impuestos recaudados en dicha comunidad autónoma.
Así las cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede contar a día de hoy ni con el apoyo del partido con el que convive en Moncloa. Una situación que tensará a la coalición cuando el curso político comience de nuevo y el PSOE tenga que llevar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas a la Cámara Baja para cumplir con ERC a cambio de la gobernabilidad en Cataluña.
Mientras el debate en el grupo parlamentario Sumar por la financiación singular convierte a la coalición en el Congreso en un hervidero con reproches directos al PSOE, la principal representante de esta coalición, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, calla. La también ministra de Trabajo ha evitado pronunciarse sobre su opinión ante una financiación singular y ahonda así el enfado de sus aliados, que no ven un respaldo en su líder en Moncloa. Estas formaciones explican que cuando se abrió el debate en plenas negociaciones PSC-ERC, ya advirtieron a Díaz de que no contarían con su apoyo, pero, ahora, no han vuelto a abordar el asunto con la vicepresidenta. Una rebelión que lidera Compromís y la Chunta pero que también comparten otras formaciones como IU o Más Madrid desde donde reclaman no abandonar el régimen de fiscalidad solidaria entre todas las comunidades autónomas. IU, uno de los socios más fuertes de Díaz, ya dejó clara su posición esta semana. Si bien no rechaza el cupo catalán, pide abordar una reforma global del sistema de financiación autonómica «sin atajos o soluciones particulares» y pide que el nuevo modelo sea «federal y solidario».
La vicepresidenta segunda no emite señal ninguna sobre el acuerdo catalán, ni en público ni en privado. Esta semana no ha tenido ninguna intervención desde que se desvelaran los detalles del acuerdo y su entorno, a preguntas de este diario, tampoco aclara cual es la posición de Sumar al respecto, ni cuando tendrán una postura clara para comunicar. Es sintomático que, si bien la vicepresidenta sí reaccionó este miércoles al acuerdo entre los comunes y el PSC para la investidura de Illa, se abstuviera de cualquier comentario sobre el que cerraron los socialistas con los republicanos.
La vicepresidenta se «pliega» así a la postura de los socialistas y del propio Pedro Sánchez, que es la de esquivar cualquier explicación sobre el pacto que tan solo desvelaron los republicanos. El motivo pasa por esperar a que las bases de ERC avalen el acuerdo para investir a Salvador Illa para que no descarrile y aboque a una repetición electoral. De hecho, en el PSOE reconocen que el acuerdo alcanzado no se corresponde, estrictamente, a lo explicado por Esquerra, pero no harán ninguna puntualización en este sentido. El objetivo es ese, garantizar que la investidura salga adelante. Ya habrá tiempo de matizar, negar o corregir, después. Y, de momento, cuatro días después de conocer los detalle del preacuerdo, es la tónica a la que se ha acogido Yolanda Díaz.
Y es que la estrategia de la vicepresidenta pasa por cerrar lo antes posible la gobernabilidad en Cataluña para conseguir a partir del nuevo curso recuperar la senda legislativa en medio de una legislatura en la que el socio minoritario ha quedado opacado por la imperiosa necesidad de Sánchez de cumplir con los compromisos con sus socios independentistas para garantizar la continuidad de la legislatura. También, sin elecciones a la vista, Sumar espera rentabilizar mejor su estancia en Moncloa.
Sin embargo, el Gobierno volverá a sufrir en el Congreso cuando lleve la reforma de la Ley de Financiación Autonómica donde no encontrará la mayoría absoluta necesaria para conseguir cambiar el modelo de financiación. Al «no» de la mayoría de aliados de Sumar le sigue el BNG, el rechazo del PNV o la ambigüedad de Podemos. Solo cuenta el PSOE, a día de hoy, con el «sí» de ERC.
