La desesperación y las horas muertas pueden pasar factura a los reclusos de las cárceles, pero al menos tienen la oportunidad de trabajar para hacer más “llevadero” el cumplimiento de su condena. Así es en el caso de España, donde los presos que lo deseen pueden solicitar un empleo en la cárcel a cambio de una pequeña remuneración, una compensación muy valiosa en las evaluaciones que otorgan la libertad condicional. Además, el trabajo permite a los condenados adquirir experiencia laboral y habilidades que les pueden ser de gran utilidad a la hora de reincorporarse al mercado laboral una vez que recuperen su libertad.
Según la información proporcionada por las Instituciones Penitenciarias en junio de 2024, de los 55.000 presos que habitan las cárceles del país, 11.375 tenían un empleo, o lo que es lo mismo, el 20% de los reclusos trabajan dentro de la cárcel. Las principales actividades se desarrollan sobre todo en talleres de servicios o de producción propia, como lavandería y panadería, o también en empresas externas, detalla el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Estos empleados reciben una remuneración que se sitúa aproximadamente entre los 200 o 300 euros al mes, es decir, entre 3,24 y 5,68 euros la hora, una cifra muy inferior al salario mínimo interprofesional. Ahora bien, la demanda por estos trabajos es relativamente alta. Así lo señala la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que asegura que no hay suficientes ofertas disponibles para todos los presos que quieren trabajar.
Al problema de la poca oferta de empleo para los reclusos, se suma la escalada de violencia que sufren los funcionarios de prisiones en nuestro país. En 2022 hubo 450 agresiones a funcionarios y a lo largo del último año fueron 508. Si se comparan estas cifras con las que se registraron previamente en 2020 o 2021, cuando no llegaban a las 200, se concluye que los episodios de violencia por parte de los presos se han triplicado.
Para paliar esta situación, en 2022 llegó a la Cámara baja una proposición de ley para convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de autoridad, aunque nunca llegó a ser debatida hasta 2024. Este año el Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este proyecto que pasa ahora a manos del Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir cuándo continuará su tramitación legislativa.
Esta medida consistirá en una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para fijar que el cuerpo funcionarial de Instituciones Penitenciarias, cuando ejercen su labor diaria en las prisiones, ostentan “a todos los efectos legales” la condición de autoridad.
