El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta hoy su primera prueba de consenso con un horizonte incierto. Los veinte vocales tienen que adoptar una decisión de calado: decidir quién ocupará la presidencia del Tribunal Supremo (TS) y del propio Consejo. Sobre la mesa, siete candidatos, cinco hombres y dos mujeres. Todos magistrados del alto tribunal. Pero para que la elección salga adelante hacen falta al menos doce votos (una mayoría reforzada de 3/5). Y según las fuentes consultadas, los vocales conservadores se han visto sorprendidos por el hecho de que el bloque progresista solo contempla la elección las magistradas Pilar Teso o Ana María Ferrer como futuras presidentas del Tribunal Supremo, lo que cierra la puerta, por ejemplo, al candidato de consenso que plantearon algunos vocales conservadores, el magistrado Pablo Lucas, a quien en su día el sector progresista del CGPJ propuso como uno de sus preferencias para ser magistrado del Tribunal Constitucional (TC).
Entre los aspirantes figuran además Ángeles Huet (también apuesta del sector progresista) y los magistrados Antonio del Moral, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba (estos tres últimos candidatos propuestos por vocales conservadores).
«Hemos hecho una propuesta generosa, pero se cierran en banda en que la elegida tiene que ser Pilar Teso o Ana Ferrer», apuntan fuentes del bloque conservador, que anticipan puede producirse un bloqueo en este primer Pleno «para forzar el consenso». Con la ley en la mano, el Consejo General del Poder Judicial tiene de plazo hasta el próximo lunes para designar a la persona que presidirá el alto tribunal y el CGPJ, que necesariamente tiene que ser elegida entre esos siete candidatos propuestos por los vocales de uno y otro signo en la sesión constitutiva del nuevo Consejo tras más de cinco años y medio de bloqueo que impidió la renovación por la falta de acuerdo entre PSOE y PP.
El acuerdo entre los dos principales partidos que desencalló el relevo también incluyó el compromiso de que esta designación no se llevase a cabo, como hasta ahora, con las cartas marcadas, es decir, con la elección ya cerrada por socialistas y populares. En este caso no ha sido así, pero a nadie se le escapa que tanto Ana Ferrer como, sobre todo, Pilar Teso, concitan las preferencias de Moncloa.
Esa convicción puede pesar demasiado entre los vocales conservadores a la hora de votar a su candidatura favorita, en la medida en que la elección se plantee solo como un posicionamiento sobre una u otra candidata.
Pilar Teso ya se postuló como candidata a presidir el Tribunal Supremo en el año 2013, pero tuvo que claudicar ante Carlos Lesmes (que obtuvo el respaldo de 16 de los veinte vocales). Teso es candidata de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La magistrada votó en contra de la decisión de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, cuestionando que la dedicación profesional del marido de la exministra, Baltasar Garzón –al frente de un despacho y una fundación especializados en derechos humanos– le impidiese desempeñar el cargo sin incurrir en causa de incompatibilidad.
En cuanto a Ana Ferrer, se trata de la primera mujer en incorporarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo –lo hizo en 2014–. formó parte del tribunal del «procés» que juzgó, y condenó, a los líderes independentistas. Recientemente, no obstante, se opuso a la decisión del alto tribunal de rechazar amnistiar el delito de malversación a Oriol Junqueras y el resto de condenados (que mantienen sus penas de inhabilitación que les impiden ser candidatos) y a Carles Puigdemont y a los también procesados por este delito.
En cuanto a Pablo Lucas, el candidato de consenso que plantea el bloque conservador, es magistrado de la Sala de lo Contencioso y el encargado del control de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que le puso en el disparadero de las críticas del independentismo por el espionaje del CNI a través de Pegasus a líderes del soberanismo catalán.
La elección de la nueva presidencia del Supremo terminará con la bicefalia instaurada tras la dimisión de Lesmes en octubre de 2022, tras la cual los vocales decidieron separar la presidencia del Supremo, que quedó en manos del magistrado Francisco Marín, y del CGPJ, que ocupó primero el vocal Rafael Mozo y, desde su jubilación, Vicente Guilarte.
