Lisboa está cada vez más cerca de celebrar un referéndum contra los pisos turísticos en edificios residenciales, una iniciativa impulsada por un movimiento ciudadano que ya ha recogido las firmas necesarias y que pretende devolver a la vivienda su función social.
En una ciudad con barrios en los que más de la mitad de las casas están ocupadas por pisos turísticos -"alojamento local" en la legislación portuguesa-, un grupo de ciudadanos formó en 2022 el Movimiento Referéndum por la Vivienda, preocupados por el impacto que estos inmuebles tienen en la vida de Lisboa.
Es un ejemplo más de las movilizaciones que la capital lusa ha vivido en los últimos años ante la crisis inmobiliaria, pero en este caso decidieron utilizar una herramienta concreta: un referéndum que permita que sean los propios vecinos de la ciudad quienes decidan sobre su futuro.
"Lo que queremos es que se priorice la función social de la vivienda. Que deje de ser pensada como algo para hacer dinero y pase a ser pensada como lo que es, un lugar que la gente necesita para vivir", defendió Tamara, una de las integrantes del movimiento, en una conversación con Efe en el Largo do Intendente.
Esta plaza es uno de los epicentros de la gentrificación lisboeta, pero no el único.
Tamara es española, pero vive en el histórico barrio de Alfama desde 2012 y ha sido testigo de cómo ha cambiado con la masificación del turismo, con el cierre de comercios tradicionales y la expulsión de muchos vecinos.
"El proceso ha sido brutal", lamentó la española. "Ahora vivo rodeada de muchas mujeres mayores que viven solas, para quienes el hecho de poder saludar a alguien en la calle, pedir ayuda a un vecino para poner la bombona o que le cuiden a su nieto un segundo es fundamental en sus vidas".
Desde el movimiento denuncian los efectos que los pisos turísticos han tenido en el mercado de la vivienda, al retirar estas casas de la oferta destinada a los residentes. "Todas estas personas que han sido expulsadas de estos barrios centrales acaban presionando el mercado de alquiler de toda la ciudad y del área metropolitana en general", dijo a Efe David, otro de los miembros del Movimiento Referéndum, que aseguró que Lisboa "está totalmente enfocada al turismo".
En pocos minutos, Tamara y David van a pie desde Intendente hasta la Sirigaita, un espacio autogestionado donde se suele reunir el movimiento y que también sufre las consecuencias de la crisis del mercado inmobiliario, ya que el dueño del edificio no quiere seguir renovando el contrato.
Según datos de Idealista, actualmente el metro cuadrado en alquiler en la capital portuguesa está en 21,5 euros, más del doble que una década atrás.
Estos problemas son los que busca frenar el referéndum local, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento.
El consistorio tiene actualmente zonas de contención donde se prohíben o limitan las nuevas licencias de pisos turísticos, pero son medidas "que han llegado tardísimo", según Tamara: "No tiene sentido contener en el momento que tienes más del 60% de las casas para el turismo", como ocurre en el barrio de Santa Maria Maior. El movimiento ya ha logrado recoger las 5.000 firmas de ciudadanos censados en Lisboa necesarias para plantear la consulta, además de otras 4.000 de personas sin derecho al voto pero que apoyan la iniciativa.
Una vez propuesto, el plebiscito precisa del visto bueno de la Asamblea Municipal y del Tribunal Constitucional para avanzar.
Si todo sale bien, los ciudadanos de Lisboa podrán decidir si apoyan que se modifique la regulación municipal para que dejen de ser permitidos los pisos turísticos en inmuebles residenciales y que el Ayuntamiento cancele, en un plazo de 180 días, todos los que ya existen.
El referéndum, que según las previsiones del movimiento podría ser en la primavera de 2025, necesita un 50% de participación para ser vinculante, pero sus impulsores confían en que, aunque no se alcance esa cifra, pueda suponer un golpe sobre la mesa que genere un cambio de políticas, como ya ocurrió con otras consultas locales.
El escenario futuro podría ser similar al que acaba de prometer el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para noviembre de 2028, con una diferencia: en este caso la medida partirá de los propios ciudadanos y no de los políticos.
"La única manera de tener la legitimidad política para presionar al poder local es tener a las masas no solo manifestándose, sino votando", concluyó David.
