Yolanda Díaz comenzó la semana pasada tratando de capitalizar políticamente la agenda de regeneración democrática que Pedro Sánchez promovió para salir al paso de la investigación del «caso Begoña Gómez». Un intento desesperado por parte de Sumar con el que su líder daba por hecha la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza» por sus detractores, y que, finalmente quedó en nada ante el frenazo por la parte socialista del Ejecutivo a las aspiraciones de Díaz que acotó la modificación de la citada ley a un solo artículo y a cambios en los delitos sobre la libertad de expresión, pero que no tienen encaje en la «ley mordaza», sino en el Código Penal.
El intento de Sumar de conseguir foco político y mediático corresponde a su necesidad imperiosa de marcar la agenda dentro de Moncloa, en un momento en el que el socio minoritario en el Ejecutivo se ve incapaz de sacar rédito de ninguna propuesta y se encuentra totalmente opacado por la debilidad parlamentaria que obliga a Sánchez a mirar a quienes le sostienen en el Congreso que a su aliado en Moncloa. Después de la polémica generada por Díaz anunciando el final de la ley mordaza, Sumar rebajó la medida asegurando que lo que realmente había negociado con el PSOE era abrir el debate para abordar con los grupos parlamentarios la derogación de la «ley mordaza» en los próximos meses, sin comprometer, reconocían, la derogación completa, ni tampoco un tiempo exacto para ello. «Es un acuerdo político», aclaraban fuentes de Sumar después de haberse encontrado con el «no» del Gobierno a una anulación completa de la ley. En la parte socialista del Ejecutivo tan solo concedían un acuerdo en «revisar» los aspectos más polémicos de la ley.
El Gobierno, por su parte, consciente de esa necesidad de dar espacio a sus socios –ante unas encuestas que vaticinan su decadencia electoral– dejó a Sumar que participase del plan de regeneración. Primero con la convocatoria de una comisión gubernamental en materia de regeneración y, después, otorgando visibilidad al ministro de Cultura y portavoz del partido minoritario, Ernest Urtasun, quien junto al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llevaron a cabo esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso para escuchar sus propuestas en materia de regeneración.
El partido minoritario en Moncloa cambia ahora de estrategia después de haber asumido su incapacidad de convencer por sí solo a Pedro Sánchez de abrirse a la anulación total de la ley y deja en manos de los grupos parlamentarios –ERC y Bildu– el devenir de la medida a partir de septiembre. Es decir confían en que la presión que puedan ejercer los socios del Gobierno en el Congreso resulte más eficaz para conseguir la derogación de la ley , la cual ya quedó frustrada la pasada legislatura. Fuentes al más alto nivel en Sumar sacan pecho de haber logrado que «la mordaza esté dentro del plan de regeneración», pero, ahora insisten en que «es el momento de los grupos». «Queremos que tengan su papel en esta negociación y construir con ellos el plan para conseguir la derogación de la ley», insisten ahora para disimular el fracaso de Díaz como conseguidora de la medida.
Y es que esta ley es una de las reformas más simbólicas dentro del espectro de la izquierda desde hace años. Y ante el anuncio de Sumar de cambiar un solo artículo de la ley, los socios habituales lo tildaron de «insuficiente», puesto que en la pasada legislatura, PSOE y los aliados acordaron cambios en hasta 36 artículos de la citada ley. Además, ERC, Bildu o Podemos censuraron haberse enterado por los medios del intento de reactivar las negociaciones sobre la ley, en vez de por parte de Sumar. En la pasada legislatura el texto quedó en el cajón ante las discrepancias con aliados clave para sacarlo adelante con ERC y EH Bildu, que exigían eliminar en esta ley el uso de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente, entre otras cuestiones.
Sumar se encuentra en un momento de debilidad no solo orgánicamente como partido que decrece en votos, sino también perjudicado por la falta de acción legislativa como parte de Gobierno, La única carpeta que podía darle visibilidad a Díaz es la presupuestaria, ahora varada después del último golpe asestado por Junts al Gobierno frenando en seco la elaboración de Presupuestos. En las cuentas públicas, Sumar albergaba toda esperanza de explotar su éxito con medidas que están negociando con el PSOE para que de las ocho semanas de permiso para el cuidado de los hijos, cuatro sean retribuidas.
