Fuentes socialistas se decantan por que el presidente no declare ante el instructor, amparándose en la dispensa para no hacerlo en contra de su mujer
El escenario está más abierto que nunca. «Ya esperamos cualquier cosa», señalan fuentes socialistas sobre el recorrido judicial que pueda derivar de la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Desde un inicio se trazó un hilo argumental –desde los altavoces oficiales de La Moncloa y del PSOE–, descalificando la instrucción y asegurando que «no había nada», que se trataba de una investigación «deslavazada» y «prospectiva», basada en «bulos y noticias falsas» y señalando también como «falsa» la denuncia que había dado pie a la apertura de las diligencias.
Sin embargo, lejos de «caer por su propio peso» el caso ha ido escalando hasta la declaración como testigo mañana del jefe del Ejecutivo y en La Moncloa ya asumen que Pedro Sánchez puede acabar imputado ante el Tribunal Supremo, donde está aforado por su condición de presidente. Que el juez Peinado decida elevar una exposición razonada a la sala Segunda del Alto Tribunal es una de las posibilidades que caben como resultado de la jornada de este martes. Esto supondría un salto cualitativo en la repercusión del caso y un desgaste añadido para la figura del jefe del Ejecutivo.
En el entorno del presidente no avanzan la estrategia que se va a seguir, porque no quieren dar ningún tipo de ventaja a las acusaciones particulares, entre las que se encuentra Vox. Por ello, se muestran muy cautos en sus pasos y van trazando una hoja de ruta que, en todo caso, viene marcada por los recursos que desde la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez ya se interpusieron para que el juez revocase la citación como testigo de Sánchez. Ambos pidieron que se procediera a dejar sin efecto la diligencia testifical acordada y, en caso de que no se atendiera este requerimiento, que el presidente pudiera testificar por escrito.
A tal efecto, el propio Sánchez remitió un escrito oficial el pasado miércoles al juez Juan Carlos Peinado, recordándole que, en virtud del artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), le asistía el derecho a hacerlo por escrito en su condición de jefe del Ejecutivo, que entendía «inescindible» de la comparecencia como testigo. No fue Peinado, sino Carlos Valle, juez sustituto del juzgado 41 de Plaza Castilla, quien denegó esta opción y, a través de una providencia, mantuvo para mañana la citación a las 11:00 horas en La Moncloa. «Si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de Justicia, tal y como manifiesta en su escrito, participando al instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración –la que se celebrará este martes–, a fin de que se realice una nueva concerniente a esos hechos y esta vez por escrito», señaló.
Dado que no podrá hacerlo por escrito, ¿qué hará entonces Sánchez? Fuentes socialistas se decantan por que se acoja a otra dispensa legal, la del artículo 416 de la Lecrim que prevé que no declare en contra de su mujer. La Fiscalía ya le marcó el paso también en esta cuestión y en su citado recurso, para argumentar que la testifical «no es útil», recordaba que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal hace una excepción cuando se trata del «cónyuge» o de familiares directos del investigado: «El juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas», sostiene en su artículo 416. Sánchez aún no ha aclarado si se acogerá a esta dispensa, pero la Fiscalía considera que su mera existencia refuerza la idea de que no se le debería haber citado.
La estrategia de la Fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez tampoco pasa por atacar frontalmente la instrucción del juez. Aunque en privado fuentes socialistas hablan de «prevaricación de libro» y en público varios ministros han criticado de manera vehemente la instrucción de Peinado, no está previsto, «por el momento», iniciar ninguna acción contra él. Asumen que, hoy por hoy, están en sus manos y fían el archivo de la causa a que prosperen los recursos que se han presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid. Por ello, cayó como un jarro de agua fría que desde esta instancia se emplazaran al 30 de septiembre para el estudio de estos recursos. Esto supone que, al menos hasta octubre, la mujer del presidente mantendrá la condición de imputada, por lo que la defensa de Begoña Gómez pidió que la decisión se anticipase para evitar un «perjuicio de imposible reparación».
Aunque desde el entorno de Sánchez se asegure que el presidente afronta la testifical «tranquilo», lo cierto es que está instrucción «disparatada» –como la definen en Moncloa– está teniendo ya un impacto directo con repercusión internacional y doméstica. El Gobierno ha dejado en el aire el tradicional balance de fin de curso que Sánchez tenía previsto para la última semana de julio y se verá obligado a responder a las preguntas de los periodistas sobre su declaración tras el despacho con el Rey Felipe VI el martes en Palma.
