Se trata de un requisito de la Ley de Bienestar Animal, y que la Real Sociedad Canina pide que se exija en la cría ocasional
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha reclamado al Gobierno extender las pruebas de salud de los perros a toda clase de criadores en la Ley de Bienestar Animal.
La asociación relacionada con el mundo del perro se reunió esta semana con el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, para abordar distintos aspectos relacionados con la Ley de Bienestar Animal, como permitir más de dos camadas a los criadores especializados o extender las pruebas de salud muy definidas o las pruebas de consanguinidad a toda clase de cría: no solo la especializada –como prevé la ley–, sino también a la ocasional.
Respecto a estas propuestas y a otras formuladas, la RSCE informó de que Becerra se comprometió en la reunión a trabajar estrechamente con la asociación para desarrollar las normas y reglamentos, informa Ep.
La asociación explicó que desde el Gobierno han presentado un borrador con aspectos «muy relevantes» para el desarrollo del texto inicial de la ley. El borrador distingue varios tipos de cría, destacando la denominada «cría especializada», en la que estarían incluidos la inmensa mayoría del colectivo de criadores de perros de raza, que se caracterizan por llevar adelante una cría selectiva, responsable y moderada y en un entorno familiar o domiciliario.
El borrador contiene algunos requisitos que deben cumplir estos criadores, pero desde la RSCE señalan que intentarán que el texto definitivo «se adapte a la realidad de este tipo de cría, absolutamente alineada con la búsqueda del bienestar animal».
La RSCE insiste en la necesidad de encontrar un tipo específico de núcleo zoológico que se adapte a las condiciones del criador especializado, algo que, según apunta la asociación, Becerra ha asegurado quedará plasmado en el real decreto que se está desarrollando al efecto».
Durante la reunión, la RSCE remarcó que desde hace mucho tiempo viene efectuando pruebas de salud muy definidas, así como otras estrategias como el control de la consanguinidad, todas ellas recogidas en la Ley y en el borrador de Reglamento, pero que no deberían limitarse como exigencia para el criador especializado, sino obligar a todos los tipos de cría, incluidas la convencional y la ocasional.
Igualmente, desde la RSCE se insistió en la existencia de los registros por parte de las asociaciones oficiales de criadores, destacando la capacidad y la calidad de los libros de la RSCE, así como la posibilidad de extenderlos a todo tipo de cría y todo tipo de perros. En este punto, afirmó que la Dirección General de Derechos de los Animales ha reconocido que la gestión reguladora de dichos registros recaerá sobre las comunidades autónomas.
La asociación ha recordado que gestiona registros con criadores acreditados desde hace más de cien años, por lo que resultaría de interés compartir esos datos con las regiones. Por ello, reclama un marco de cooperación entre la RSCE y las comunidades autónomas.
Respecto a los registros, la RSCE manifestó una de sus principales preocupaciones: la proliferación de criadores piratas únicamente movidos por el afán de lucro. Así, indica que, en los últimos años, el comercio ilegal de perros crece cada vez más a través de plataformas online y redes sociales, lo que genera nefastas consecuencias para animales y propietarios según constata la propia Comisión Europea.
El borrador presentado por Derechos Sociales facilita la puesta en marcha de un régimen de auditorías por parte de las comunidades para controlar eficazmente a los criadores de perros y para identificar a los falsos criadores.
