El abogado que actuó de fiador exige a la Audiencia Nacional la devolución después de que el tribunal haya levantado las medidas cautelares en aplicación de la Ley de Amnistía
Siete de los doce integrantes de los Comités del Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo -a los que la Fiscalía pide amnistiar tras pedir para ellos penas que suman 248 años de prisión- reclaman a la Audiencia Nacional que les devuelva los 45.000 euros de las fianzas que pagaron en diciembre de 2019 para salir de prisión.
En el escrito remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso LA RAZON, su defensa pide la devolución de esas cantidades después de que el pasado martes la Sala acordase levantar las medidas cautelares impuestas a los procesados en aplicación de la Ley de Amnistía, a la espera de decidir si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que esclarezca si la aplicación de la medida de gracia a los CDR va en contra del derecho comunitario en materia de terrorismo.
Los procesados Eduardo Garzón, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch, Ferrán Jolis y Xavier Buigas consignaron fianzas de entre cinco mil y 30.000 euros (en el caso de Jordi Ros, aunque posteriormente esa cantidad fue reducida a diez mil euros, devolviéndose el resto). En todas ellas, el fiador fue el propio su abogado, Xavier Monge, que recuerda que fue él mismo el que consignó esas fianzas "por sí mismo o mediante tercero siguiendo sus instrucciones". De ahí que exponga que "habiendo sido levantadas todas las medidas cautelares", se le reintegren los importes de las fianzas, "que alcanzan a día de hoy un importe total de 45.000 euros".
Además, el letrado señala que cuando se dictó el auto de procesamiento "se requirió a todos los procesados que prestaran fianza de 1.000 euros", lo que según su criterio "a todas luces carece de sentido" en la medida en que ninguna de las acusaciones solicitó "ningún tipo de responsabilidad civil, por lo que debe entenderse que dicha medida también ha decaído". En este caso, precisa, él solo consignó el importe correspondiente a Jordi Ros, "por lo que se interesa que sea reintegrado dicho importe de 1.000 euros".
La Fiscalía -que ahora pide que todos los procesados sean amnistiados- solicitó en su día penas de ocho a 27 años de cárcel para los doce acusados por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Se da la circunstancia de que el fiscal que firmó ese escrito, Miguel Ángel Carballo, abandonó el tribunal en plena tramitación de la amnistía tras solicitar plaza de fiscal jefe en Ciudad Real.
El fiscal Miguel Ángel Carballo pidió penas de 27 años de cárcel para ocho de ellos -Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado-, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumpliesen la pena, mientras que para el resto (a quienes no imputaba los delitos de tenencia y fabricación de explosivos ni de tentativa de estragos) -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- reclamó condenas de ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Según expuso, los acusados -detenidos en 2019 en la "operación Judas"- integraban "una organización terrorista paralela" cuyo fin primordial era "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias".
A diferencia de la Fiscalía, las acusaciones populares personadas en la causa -la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot), Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Vox y dos asociaciones de guardias civiles (AUGC y AEGC)- se oponen a la aplicación de la Ley de Amnistía a los doce integrantes de los CDR, a quienes consideran autores de delitos de terrorismo por la comisión de delitos graves contra la vida o la integridad física con el objetivo de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Tal y como puso de manifiesto el letrado de Acvot, Ignacio Fuster-Fabra, en la vista de cuestiones previas el pasado junio, las acciones de los CDR implicaron un riesgo grave para la vida e integridad física al "incendiar autobuses o contenedores" o por las "agresiones directas a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con graves consecuencias personales y profesionales".
En su escrito de acusación, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional expuso que los procesados formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más violenta de los CDR impulsada en julio de 2019 para conseguir la independencia de Cataluña "empleando para ello la violencia en su máxima expresión" y forzando "de modo coercitivo a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".
Entre sus objetivos, según puso de relieve la investigación, figuraban el Parlamento de Cataluña, la Delegación del Gobierno, la sede de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, instalaciones militares, peajes y torres de alta tensión.
En el domicilio en el municipio de Sant Fost de Campsentelleses (Barcelona) de uno de los CDR que ahora reclama la devolución de la fianza, Alexis Codina, los agentes hallaron en el jardín "improntas de quemado de sustancias químicas". Y es que según la Fiscalía no solo manipularon termita, un agente incendiario, sino que "realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita".
