El Gobierno cierra el curso político en una situación de profunda debilidad. Todavía resta una semana para que el Ejecutivo reduzca al mínimo su actividad en periodo estival y en el corto plazo hay importantes citas en la agenda, entre ellas, el tradicional balance de Pedro Sánchez, su declaración como testigo propiciada por el instructor del «caso Begoña Gómez» o el despacho con el Rey Felipe VI en Marivent. La pretensión de Moncloa era dar carpetazo al curso trasladando sensación de viabilidad y normalidad institucional. Sin embargo, el «macropleno» que se había ideado como una suerte de broche de oro se torció irremediablemente por la necesidad de Junts de demostrar su influencia. La concatenación de derrotas en el techo de gasto y la reforma de la Ley de Extranjería suponen una enmienda a la gestión del Gobierno y le recuerdan a Pedro Sánchez que la supervivencia en el poder será complicada.
En Moncloa no esperaban el movimiento de los de Puigdemont. De hecho, pensaban que tenían atadas todas las votaciones salvo la que suponía el reparto territorializado de los menores migrantes, que querían instrumentalizar para «retratar» al PP con Vox. La sorpresa fue mayúscula y en el Ejecutivo la achacan directamente a un «ataque de cuernos» de los independentistas que ven como los contactos entre ERC y el PSC avanzan en la buena dirección para desbloquear la investidura de Salvador Illa. No le dan mayor importancia. Lo consideran un toque de atención. «Es un revés, sí, pero no es una votación trascendente. No supone tumbar los Presupuestos, sino retrasarlos, todavía estamos en condiciones de presentarlos en tiempo y forma», señalan. «Toca reiniciar en septiembre», señalan otras fuentes, resignadas. En el Gobierno son conscientes de que entonces tendrán que lidiar con un Junts que –si Illa es president– habrá perdido toda capacidad de influencia en Cataluña e intentará vender muy caro su apoyo en Madrid.
No creen en Moncloa que los de Puigdemont tengan incentivos para romper y dejar caer a Sánchez. «No se han visto en otra. Nunca van a tener tanta influencia», resuelven, haciendo valer la dependencia que tienen de Junts en la presente legislatura. En todo caso, en el Ejecutivo son conscientes de que los postconvergentes no son un socio fiable, el grueso de las votaciones que han perdido en el Congreso hasta la fecha, una treintena, se ha producido porque los de Puigdemont se han alineado con el PP y han dejado a la coalición en minoría.
En paralelo, el Ejecutivo trata ahora de minimizar el desgaste político que supone no haber sido capaces de llegar a un acuerdo para iniciar el reparto de menores ante la masificación que vive Canarias. El Gobierno podía haber retirado la proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería para buscar un consenso, pero quiso que los populares se «retrataran» con su voto en contra. Una vez perdida la votación, los socialistas buscan aprovechar la crisis migratoria para dividir al Gobierno canario de CC y PP. El el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres exigió al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que explicara por qué no había logrado que el PP votara a favor de la admisión a trámite de la reforma de la Ley y desveló que ese había sido el acuerdo al que habían llegado, que Clavijo recabara el apoyo de Feijóo y Moncloa el de sus socios. Además, el PSOE canario exigió ayer al presidente del archipiélago que «rompiera» con su socio de gobierno ante «su fracaso». «Cese a los consejeros del PP y si no es capaz, convoque elecciones y que decida la ciudadanía de Canarias», reclamó el portavoz socialista Sebastián Franquis.
