El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) echa a andar hoy en un primer Pleno con un primer cometido: presentar las candidaturas a la presidencia tanto del Tribunal Supremo (TS) como al órgano de gobierno de los jueces. Este debe ser el Consejo del consenso –necesario, sin ir más lejos, para pactar antes de seis meses la reforma legal que modifique el sistema de elección de los vocales, dando mayor protagonismo a la carrera judicial–, pero según las fuentes consultadas en esa primera sesión constitutiva se pondrán sobre la mesa más de tres nombres.
Según esas mismas fuentes, el bloque progresista concentrará sus votos en tres candidatas, todas ellas magistradas del Tribunal Supremo: Pilar Teso, Ana María Ferrer y Susana Polo. La elección de cualquiera de ellas supondría que por primera vez una mujer fuese designada para la más alta magistratura del país, un indisimulado empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en pos de la paridad.
Pero los diez vocales elegidos a propuesta del PP no secundarán esa terna y tienen la intención de presentar otras candidaturas. Para que la designación salga adelante hace falta el respaldo de doce vocales, los 3/5 de la composición del CGPJ, pero en todo caso no será hoy cuando se lleve a cabo esa votación, sino en un posterior Pleno que debe convocarse entre tres y siete días hábiles después. Es decir, que como pronto la sesión plenaria se celebrará el próximo martes día 30 y, como muy tarde, el próximo 5 de agosto. Antes de esa fecha, los veinte vocales deberán elegir al elegido para presidir el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, que de esta forma recuperarán la presidencia unificada, después de la bicefalia instaurada desde la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022, harto de que tanto el Gobierno como el PP hicieran oídos sordos a sus llamadas a la renovación del CGPJ, que ha permanecido en funciones desde diciembre de 2018.
La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pilar Teso ya compitió en 2013 por el puesto frente a Carlos Lesmes, obteniendo cuatro votos que resultaron insuficientes frente a los 16 apoyos del que se convertiría en presidente del Supremo y del CGPJ. Teso, nacida en 1960 y magistrada del Tribunal Supremo desde 2008, está de nuevo en las quinielas para optar al cargo. «Es una buena magistrada y no genera controversia», apuntan las fuentes consultadas, que no obstante cuestionan su capacidad de gestión para presidir el Consejo. «Si no has pasado en tu vida por un decanato o por una Sala de Gobierno y te pones al frente del CGPJ te puedes llevar más de un susto», avisan. Algo que, señalan, «sí pueden tener en cuenta los vocales judiciales» a la hora de su elección.
Teso votó en contra de la decisión del Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, al cuestionar que la dedicación profesional del marido de la exministra, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, suponga un impedimento para el ejercicio del cargo. Llegó a advertir incluso en su voto particular de que «la aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad reviste especial gravedad» y reprochó a sus compañeros que esgrimiesen el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como «un cajón de sastre» para sustentar una «incompatibilidad residual».
En cuanto a Ana María Ferrer, que ya sabe lo que es romper techos de cristal, pues en 2014 se convirtió en la primera magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ferrer (1959), formó parte del tribunal del «procés» (de hecho, fue la única mujer entre los siete magistrados). Recientemente, votó en contra de la decisión de la Sala de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación por el que está procesado Carles Puigdemont en la causa del «procés». Según indicó en su voto particular, la interpretación de la mayoría de equiparar el enriquecimiento ilícito en la malversación con el desvío de fondos para «la persecución de un objetivo político ilícito» supone un «matiz novedoso a la vez que peligroso en cuanto retuerce los perfiles del ánimo de lucro». Los jueces, hacía hincapié, no pueden «hacer interpretaciones que impidan» la vigencia de una norma como la Ley de Amnistía, pues en ese caso, alertaba, «la decisión no es interpretativa, sino derogatoria». Según las fuentes consultadas, la magistrada progresista «se ha mantenido siempre en un segundo plano y parece una candidata más sólida».
Otro de los nombres que barajan los vocales progresistas es el de la magistrada de la Sala Penal Susana Polo (1960), instructora del «caso Tsunami» contra el expresident Carles Puigdemont, que recientemente archivó después de que la Audiencia Nacional obligara a hacer lo mismo al juez Manuel García Castellón por prorrogar la causa fuera de plazo. Especialista en violencia de género, Polo es magistrada del Supremo desde 2018. Antes, fue letrada del Gabinete Técnico de la Sala Segunda y según las fuentes consultadas tiene una «magnífica relación» con el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena. «Es técnicamente muy sólida», destacan de ella.
Pero al margen de los nombres que hoy se pongan sobre la mesa por los vocales, estos tendrán que decidir el procedimiento de votación en el Pleno que se convocará con el fin de elegir al presidente del Supremo y el CGPJ.
El artículo 44 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ establece respecto a los nombramientos de cargos judiciales que si ninguno de los candidatos consigue la mayoría requerida (en este caso de doce votos) «se celebrará una nueva votación entre los dos que hubieren obtenido mayor número de votos en la primera». Si ninguno alcanza los apoyos necesarios después de tres votaciones consecutivas, «se entenderá denegada la propuesta». Pero ese mismo precepto señala que cuando como en este caso se exige una mayoría cualificada (3/5) «el Pleno establecerá los trámites de la votación».
