El proceso puede durar hasta nueve meses. Cataluña aspira a que los plazos para obtener el Ingreso IMV desde el momento en que se solicite se reduzcan de los actuales 141 días a 66 días
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, firmaron este miércoles el acuerdo de asunción de competencias por parte de Cataluña de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con la "confianza", según la ministra, de que, de este modo, la prestación mejore su "eficacia".
Así lo afirmó en la comparecencia posterior a un acto de firma que estuvo presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, según precisó su gabinete en un comunicado en el que subrayó que Cataluña se suma así a Navarra y País Vasco, que gestionan esta prestación de la Seguridad Social desde el año 2022. Coincidiendo con la formalización del traspaso a Cataluña, Galicia también ha reclamado a la Seguridad Social la gestión íntegra para tener el mismo trato que otras comunidades autónomas.
Cataluña aspira a que los plazos para obtener el Ingreso IMV desde el momento en que se solicite se reduzcan de los actuales 141 días a 66 días, con un acuerdo de traspaso de esta prestación por parte del Gobierno a la Generalitat que puede durar hasta nueve meses.
En su intervención, Saiz dijo "confiar" en la "eficacia" y en el "beneficio" que, a su juicio, "traerá este anuncio para los catalanes", convencida de que "todos sumamos y todos somos imprescindibles para acabar con la pobreza en este país".
"El IMV ha contemplado siempre la posibilidad de que se pueda colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de la prestación. Hacer el traspaso no es algo sencillo, se tiene que adaptar la normativa autonómica y se tienen que dar las condiciones que aseguren que se puede gestionar la prestación con eficacia", abundó, al tiempo que estimó que, en el caso de Cataluña, "está claro que esa capacidad existe".
En este contexto, admitió que "a nadie se le escapa que el encaje jurídico con las rentas autonómicas es complejo", razón por la cual, explicó, Gobierno y Generalitat llevan "meses trabajando".
Según datos del Ministerio, el IMV llegó en junio a más de 625.000 hogares en los que viven 1,9 millones de personas, de los cuales la mitad son menores. De ellos, 61.000 hogares son familias que viven en Cataluña, casi 200.000 personas, con un 45% de menores.
Además, el Ministerio de Inclusión ha desarrollado ocho itinerarios de inclusión social en Cataluña en los que ha colaborado con otras administraciones como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y con entidades como la Fundación Bofill y Cáritas.
La inversión del departamento de Saiz ha sido de 32,5 millones de euros y el número de personas beneficiarias, 34.102, y la ministra ha informado al consejero de la "intención" de "ampliar" el programa de itinerarios, a la vista de los "grandes resultados obtenidos" y "animados" por la Comisión Europea, que, según el Ministerio, "se abrió a estudiar nuevas vías de financiación para darle continuidad".
Por último, la titular de Inclusión y Seguridad Social quiso "reiterar" el "compromiso de colaboración" del Gobierno de España con las comunidades autónomas para "fortalecer" los sistemas de protección a las personas en situación de pobreza y exclusión social y avanzó que Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana también han solicitado la gestión del IMV y el Ministerio está "en conversaciones" con ellas "a nivel técnico" para "atender" su petición.
"Estamos convencidos de que tenemos opciones de mejora y las vamos a explorar", defendió Saiz, al tiempo que dijo no albergar "la menor duda" de que el Ejecutivo lo hará "de la mano de las comunidades".
