La proliferación descontrolada de pisos turísticos en los bloques de vecinos se aproxima a su fin. El Grupo Parlamentario Socialista tiene previsto presentar a lo largo del día de hoy la enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan vetar los alquileres turísticos.
Hasta ahora, con la Ley de Propiedad Horizontal el propietario de una vivienda podía poner su piso en alquiler turístico y cuando se generaban molestias se podía llevar a la junta de vecinos para poder eliminar ese alojamiento turístico con una mayoría de tres quintas partes.
Con esta enmienda, que se espera presentar este miércoles según han indicado fuentes conocedoras, se instrumentan los cambios que ya avanzó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para que todo piso turístico que quiera ser instalado en una comunidad de vecinos tenga que pasar antes por la citada junta.
"Lo que queremos es que sea necesario la autorización de los vecinos, con unas mayorías de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos", ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Se espera con ello "empoderar" a los vecinos de los bloques donde se esté promoviendo la instalación de un piso turístico.
Con esta modificación normativa, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quiere regular los pisos turísticos como una actividad económica más y que tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten IVA, tal y como propuso el Ministerio de Consumo.
El Ejecutivo también anunció que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) mediante un real decreto urgente para limitar el alquiler de temporada a causas justificables como parte de su plan poner coto al alquiler de temporada y al alquiler turístico, dos modalidades que han proliferado en el último año en detrimento del arrendamiento de carácter habitual para esquivar los topes al precio del alquiler de la Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de mayo de 2023.
Además, los contratos de corta duración, temporales, turísticos, de habitaciones y de embarcaciones flotantes destinadas a vivienda tendrán que registrarse en la plataforma única estatal que el Gobierno espera tener lista antes de 2025. Mientras tanto, se trabaja en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura. Aunque en breve se llevará al Consejo de Ministros el real decreto para desarrollar la plataforma.
"Tendrán una matrícula única, porque ahora estamos viendo como el mismo alojamiento puede utilizar distintas identificaciones", señaló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Así, el Ejecutivo quiere aportar transparencia a los inquilinos al firmar un contrato y facilitar la persecución del fraude a las administraciones.
Para ello, tendrán que colaborar las plataformas que ofrecen este tipo de arrendamientos, que están siendo investigadas por Consumo por anunciar viviendas turísticas sin licencia. Rodríguez afirmó que será el propietario el que tenga que incorporar esos datos al registro y que las plataformas deberán chequear los datos.
Con el debate de fondo sobre el efecto de los pisos turísticos en la masificación del turismo, Airbnb ha defendido este miércoles en un comunicado que la actividad de sus usuarios y el gasto que hacen los clientes en los destinos están impulsando la economía en España y ayudando a mantener 130.000 empleos.
Airbnb ha reivindicado también su capacidad para facilitar que las personas encuentren alojamiento durante grandes acontecimientos, como los Juegos Olímpicos de París, ya que la plataforma ofrece "flexibilidad para adaptar la oferta alojativa de manera sostenible y con impacto directo para los ciudadanos locales".
También ha destacado que, dado que muchos de sus alojamientos están ubicados en áreas sin oferta alojamiento tradicional, los ingresos van a parar directamente a los residentes de esas localidades.
