Un año después del 23J, el Gobierno toma conciencia de su profunda debilidad y sufre la derrota parlamentaria más contundente de todo su mandato. La falacia de la mayoría progresista que sostiene a Pedro Sánchez se ha mostrado con toda su crudeza en el «macropleno» con el que el Ejecutivo quería cerrar el periodo de sesiones antes del descanso estival. Quería hacerlo, además, como un intento de refuerzo político y dando oxígeno a la legislatura, demostrando que, pese al endiablado encaje de piezas políticas, la viabilidad está asegurada. Nada más lejos de la realidad. Sin Junts no hay aritmética y los de Carles Puigdemont, que están relegados en las negociaciones en Cataluña, han querido demostrar que en la gobernabilidad de España sí son decisivos y todo pasa por su apoyo. Un recordatorio, a escasas horas de que Pedro Sánchez y Pere Aragonés se fotografíen en Barcelona para cerrar los últimos traspasos acordados con la Generalitat sobre el Ingreso Mínimo Vital.
Los independentistas tumbaron ayer el techo de gasto en el Congreso de los Diputados y dejan en el aire la legislatura, ante el incierto horizonte que ya se anticipa para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Las derrotas parlamentarias de este martes va más allá de perder unas votaciones y tener que volver a reiniciar los trabajos. En total, ayer, el Gobierno cosechó cuatro derrotas parlamentarias y elevó a 32 el balance de perdidas en esta legislatura. En general, es un golpe a la imagen de viabilidad que el Gobierno se afana en construir desde que arrancó el mandato y que a duras penas logra instalar. Todo es un continuo estado de excepcionalidad. «En septiembre más, hay margen para aprobar un nuevo techo de gasto en el primer Consejo de Ministros a la vuelta del verano», señalaban ayer fuentes socialistas. En la práctica esto demuestra que Sánchez no tiene atada la mayoría que le permite sobrevivir en el poder –el movimiento de Junts fue inesperado– y, en un momento de profunda debilidad política por la causa judicial contra su mujer, se le abre un importante frente en la gestión. Los Presupuestos son el salvoconducto para sostenerse en La Moncloa y, sin ellos, el panorama se complica sobremanera. Cabe recordar que el propio Sánchez propició el adelanto electoral de las generales de 2019 ante la negativa de ERC a aprobarle las cuentas. Ahora, desde Hacienda ya dejan claro que no se llevarán los Presupuestos al Congreso hasta no tener asegurado que superarán las enmiendas a la totalidad. Lo de ayer fue un aviso y Junts así quiso escenificarlo, dejando claro, además, que ellos «no forman parte de ningún bloque», al dar por descontado siempre el Ejecutivo a Junts como parte de sus aliados.
El Gobierno ya dejó en un cajón las cuentas públicas para 2024 ante la repetición electoral en Cataluña, conscientes de que unos socios –ERC y Junts– en plena pugna electoral por la hegemonía independentista no se avendrían a hacer concesiones al Estado. Ahora, la resolución de la gobernabilidad catalana parece no arrojar mayores certezas ni ser un factor de estabilidad nacional. Junts propició ayer las dos sonoras derrotas que acusó el Ejecutivo: la del mencionado techo de gasto y la de la reforma de la Ley de Extranjería.
En el Gobierno buscaron ayer rebajar sendos fracasos, a pesar de la dureza de Junts, y, sobre todo, evitaron cualquier crítica dirigida al partido de Carles Puigdemont, con el objetivo de no quemar la relación en Madrid –justo en medio de las tensas negociaciones de ERC y PSC para la investidura de Illa donde Junts se encuentra en un segundo plano–. El Gobierno, a pesar del varapalo sufrido en el Congreso no pierde la esperanza de volver a recuperar los siete votos de Junts en una nueva negociación y, avisan de que volverán a presentar los Presupuestos Generales. Sobre el aviso de Junts –de cara al devenir de la Legislatura–, fuentes gubernamentales reconocían su asombro por su voto en contra, el cual, aseguran, no le trasladaron en la negociación. Lo vinculan, además, con las negociaciones en Cataluña para la investidura. «Han votado con las tripas», censuran en el Ejecutivo, donde se muestran molestos con sus socios. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, situó toda la responsabilidad por el rechazo a los objetivos presupuestarios en el PP. «Quienes más se benefician son las comunidades del PP. No se entiende que el PP perjudique a sus gobiernos», criticó. «Es simple y llanamente una pataleta y la estrategia de acoso y derribo, porque el fin del PP es derribar a Sánchez», sentenció. Sobre Junts, reconoció su asombro por su voto en contra, el cuál, aseguró, no le trasladaron en la negociación.
Más allá de perder la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Gobierno tampoco obtuvo apoyo para reformar la Ley de Extranjería al no contar con el apoyo del PP ni de Junts. Este debate quedó opacado por el severo varapalo recibido por Junts a la senda de estabilidad, pero fue el que tensó la jornada parlamentaria desde el inicio. De nuevo, el Gobierno focalizó la responsabilidad en el PP, a pesar de que los de Puigdemont se negaron desde el principio a entrar en el reparto de inmigrantes por comunidades. La vicepresidenta María Jesús Montero tachó al PP de «insolidario» y de «copiar el discurso ofensivo asimilando la inmigración con la delincuencia.
El Gobierno trató, no obstante, in extremis tratar de evitar perder la votación de la reforma de la Ley de Extranjería y para ello mantuvo negociaciones in extremis con gobierno de Canarias, Junts y el PP. El Ejecutivo podría haber evitado en última instancia esta derrota si hubiese atendido la petición de PP y Coalición Canaria de retirar la proposición de ley con el objetivo de negociarla en las próximas semanas, algo a lo que Moncloa se negó desde el principio con el objetivo de que los populares se «retrataran» votando en contra del reparto de inmigrantes. Además, en el Ejecutivo aseguraban que ello serviría para ver la «verdadera ruptura» entre PP y Vox.
Desde el PP censuran que el Ejecutivo no atendió a ninguna de sus condiciones para dar el «sí» a la Ley de Extranjería. Los populares solo darían un sí al Gobierno sí veían contempladas en la reforma de la ley las siguientes propuestas; la convocatoria de una Conferencia inmediata de Presidentes, la declaración de alerta migratoria en todo el territorio nacional y que el Gobierno se comprometiera a la financiación del coste de los menores hasta la mayoría de edad de cada uno de ellos. Desde el PP critican que tan solo habían recibido unos mensajes de Whatsapp por parte del Gobierno y que la respuesta del a sus condiciones fueron «el insulto» desde la tribuna. Algo que desmienten desde el Ejecutivo donde aseguran que ya se habían comprometido a celebrar en el mes de septiembre la Conferencia de Presidentes y a mejorar en el trámite parlamentario la Ley de Extranjería. Las comunidades del PP llevarán sus exigencias hasta el final y es que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes. El PP, además, avisa de que hoy su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunciará «medidas» en el caso de que Sánchez «no de un paso al frente»·
