La visita de hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Barcelona atiende a la exigencia de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de que se produjeran «gestos» previos para terminar de armar la negociación del pacto de investidura de Salvador Illa. Sánchez acude a Cataluña porque el acuerdo con los republicanos está «caliente», y para vestir de gala, o así lo esperan en ERC, el contenido de la «carpeta cero» de la negociación, la liquidación de la deuda de Cataluña pendiente, dentro del llamado fondo de liquidez autonómico (FLA). Hace una semana que estas conversaciones amenazaron con descarrilar y el «pesimismo» se había instalado en filas socialistas y republicanas. Los principales actores de la negociación, Illa y Rovira, se pusieron manos a la obra y en estos días el goteo de acuerdos ha allanado la negociación, que sigue teniendo la financiación «singular» como principal escollo.
Cercanías y las demás cesiones que se están produciendo son solo el acompañamiento del cierre de esta «carpeta cero», a partir de la que vendrá la puesta de largo del resto del acuerdo de investidura, donde la pieza mollar es esa financiación, además de otros nuevos movimientos simbólicos con el catalán y con el referéndum de autodeterminación.
Los primeros movimientos se registraron en Hacienda. En el mes de junio se hizo público el reparto de pagos a cuenta en 2023. Cataluña recibió 23.225 millones de euros, un 18,8% del total, un porcentaje curiosamente similar al previsto en la disposición adicional del Estatut que llevaba años sin cumplirse. A finales de la semana pasada, el Gobierno anunció el reparto de 154.467 millones a cuenta para el 2024 y nadie duda que se cumplirá de nuevo este porcentaje.
Y en esta semana, se pisó el acelerador. El lunes, la comisión mixta cerró el traspaso de Rodalies, la línea R-1, con una financiación de 1.520 millones más un fondo adicional de 150 millones para investigación y becas universitarias. Ese mismo día, la consejera de Economía, Natalia Mas, anunció la condonación de 15.000 millones de deuda de la Generalitat.
En cualquier caso, Sánchez pisa Barcelona porque tanto Moncloa como la dirección de ERC dan por hecho el acuerdo de investidura, que quieren acelerar para que lo puedan votar las bases republicanas antes de irse de vacaciones. Hay prisas en terminar de desenredar la madeja antes de que acabe el mes de julio, pero también porque se quiere limitar el tiempo de reacción de Carles Puigdemont a la investidura del socialista.
Tan seguros están en Moncloa y en ERC de que el pacto está ya hecho que el único obstáculo que le ven en el camino es ajeno a ellos y lleva por nombre el del residente de Waterloo.
En ERC no se acaban de creer que Puigdemont vaya a cumplir con su compromiso de volver a Cataluña para la investidura, y recuerdan, como prueba que da sentido pleno a esta sensación, que «no lo hizo ni con motivo de la muerte de su madre». Moncloa y ERC coinciden en dibujar la imagen de un Puigdemont «sin crédito por las veces que ha dicho que iba a volver, y luego nunca ha regresado». El juez Marchena mantiene contra él la orden de detención por entender que la Ley de Amnistía no es de aplicación en su caso por la acusación de malversación, que se quedaría fuera de esta medida de gracia.
Ahora bien, la descalificación hacia Puigdemont no elimina el miedo a que el golpe brutal de efecto sí llegue a producirse esta vez, con la repercusión que tendría en la investidura de Illa, la haría saltar por los aires.
En ERC no dejan ninguna duda: si Puigdemont regresara, y hubiera una orden de detención contra él, a los republicanos no les quedaría más remedio que romper el acuerdo de investidura y cerrar filas con el líder de Junts. Es el peor de los escenarios imaginables para ellos, una situación surrealista, pero de la que no tendrían escapatoria. Les obligaría, según explican, a acudir en bloque al Parlament si hubiera una orden de detención en su contra y él se encontrara dentro de la Cámara catalana, para, así, plantar cara a la ejecución de la misma por parte de los Mossos.
La puesta en escena del frente independentista, que quiere recuperar electoralmente Puigdemont, se antepondría a los odios africanos que en estos momentos separan en lo personal y en lo político a las dos formaciones independentistas.
En suma, con el acuerdo ya encarrilado, la preocupación principal de sus componedores es Puigdemont, muy por encima de lo que puedan llegar a opinar las bases de ERC. A las que tendrá que dirigirse Marta Rovira para convencerlas de que cedan en el «sí», por cierto, bajo la atenta mirada de Oriol Junqueras, que mantiene una posición de prudencia discreta a la espera de dar su paso al frente para recuperar el control del partido.
Es cuestión de semanas ver si se cumple el deseo de ERC y de Moncloa de que Puigdemont no se cruce en el acuerdo o si, por contra, el expresidente sorprende a todos con un movimiento que rectificaría esta idea asentada de que por nada del mundo pondrá en riesgo su seguridad. «No lo hizo por su madre, no lo va a hacer por Cataluña».
De fondo, también, esa «financiación singular». Los socialistas no apuestan por un cupo similar al vasco, pero defienden un nuevo modelo. ¿Cuáles son los caminos que hagan posible el acuerdo? Entre ellos, el desarrollo de la gestión tributaria entre la agencia catalana y la estatal prevista en el Estatut, situada dentro de la Constitución por el propio Tribunal Constitucional, y el reconocimiento del principio de ordinalidad que implicaría un cambio en la LOFCA. Cataluña ahora aporta al sistema en la tercera posición y recibe recursos en el décimo lugar, o en el puesto catorce en función de cómo se hagan los cálculos. El principio de ordinalidad pone orden y una comunidad mantiene la misma posición en el ranking aportando y recibiendo recursos, poniendo unos ciertos límites a la solidaridad.
Sin duda, el encuentro de hoy entre Sánchez y Aragonés significa un paso de gigante para alcanzar un acuerdo. Luego únicamente quedará convencer a las bases de ERC.
