En el Gobierno recuerdan que no han recibido aún la notificación y califican de «disparatada» la instrucción del juez
El Gobierno sigue acusando el desgaste del «caso Begoña Gómez», cuyos tentáculos ya tienen una afectación directa sobre el presidente, después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera su toma de declaración como testigo en la causa. En el Ejecutivo siguen manteniendo que «no hay nada», pero elevan considerablemente el tono de la crítica sobre la instrucción del magistrado. «Esto no es una causa judicial, es una causa política», sostuvo ayer la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, desde la mesa del Consejo de Ministros. A las fuentes socialistas que apuntan a una «prevaricación de libro» se suman también los pronunciamientos públicos al más alto nivel. «Este asunto es estrictamente lo que parece. Es una causa política. Solo tiene un objetivo, que es atacar al presidente del Gobierno, a su familia y erosionar a este gobierno progresista», insistió Alegría.
En Moncloa no quieren anticipar escenarios judiciales, no quieren concretar si Sánchez pedirá declarar por escrito o si se acogerá a la dispensa para no pronunciarse contra su mujer. En todo caso, en el Ejecutivo quieren esperar a que se les notifique la citación, algo que –según fuentes gubernamentales– todavía no ha ocurrido y que es imperativo legal. Las citadas fuentes fían las posibilidades de sortear la declaración a los efectos suspensivos de los recursos que se han interpuesto por parte de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez. En concreto, hay dos que debería resolver el propio juez Peinado, con escaso margen para prosperar, y otros dos pendientes de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid, que, recuerdan en Moncloa, «puede pedir el archivo del caso». «Vamos a ver cómo se resuelven estos recursos y si prosperan», señalan desde el entorno de Sánchez, con la esperanza de que puedan llegar a tiempo, algo harto complicado, para poder así sortear la declaración.
En Moncloa recuerdan que, en estos recursos, «más allá de alegar, están pidiendo que el juez Peinado responda», por lo que «no puede ignorarlos». También puntualizan que en la instrucción hay «incoherencias», como citar a Sánchez «en condición de marido» mientras se investiga la actividad de Begoña Gómez durante toda su etapa como presidente del Gobierno. En este lapso de tiempo ven, a su vez, una clara intencionalidad «prospectiva». En el Gabinete califican de «disparatado» que la citación del jefe del Ejecutivo se filtre antes de que le sea notificada a Sánchez. «Esto demuestra la falta de garantías del proceso», señalan desde su entorno. Estas fuentes se muestran escépticas sobre el factor sorpresa de la citación. Pese a que el movimiento causó estupor en el Gobierno por lo «inédito» e «inaudito» de la decisión judicial, en Moncloa dicen que Sánchez esperaba que se recrudeciera el ataque contra él y su mujer, por el mero hecho de serlo y que así lo dejó por escrito en la carta con la que inició sus cinco días de reflexión.
En el Ejecutivo no ocultan que esta cuestión está teniendo un desgaste para el Gobierno y acusan directamente a la oposición de intentar con «oscuras maniobras» lo que las urnas les negaron hace un año. Una «estrategia que se ha basado en el odio en la rabia y en la ira continuada durante este último año», denunció Alegría, que pidió al PP que «asuma la responsabilidad del mandato de las urnas».
