El informe sobre el Estado de derecho de la UE que hoy se conocerá incluye una referencia a la Ley de Amnistía y a la investigación que la Comisión Europea tiene abierta sobre ella. El acuerdo entre el Gobierno y el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ayudado a que el informe no sea duro como se temía, pero sí incluye esa referencia a la medida de gracia. El Gobierno siempre ha negado que en Bruselas se haya abierto ningún procedimiento de investigación sobre esta ley, redactada «ad hoc» para el independentismo, después del resultado de las últimas elecciones generales y como parte del proceso de negociación para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
Pero lo más relevante es la negativa de la Comisión Europea a dar información sobre el intercambio de correspondencia con el Gobierno español. A petición del Grupo Popular de esta documentación, por vía del eurodiputado Adrián Vázquez, la respuesta que dan es que en la medida que hay un proceso de investigación abierto por la Ley de Amnistía, para ver si vulnera el derecho europeo, y del que se puede derivar la consideración de que se ha cometido una infracción y un proceso de sanción. Esos documentos son restringidos y no pueden someterse a ningún criterio de transparencia.
En el PP están convencidos de que el choque que ya está activo entre el Gobierno y el Poder Judicial tendrá consecuencias a partir del mes de septiembre en la posición de la Comisión Europea, que se volverá más incisiva en su investigación y más dura respecto a su manera de valorar una ley que supone «someter al poder judicial al servicio de intereses políticos», según lo que dicen los populares.
En todo caso, el PP está reforzando su equipo en Europa para agitar aún más la movilización en contra de la amnistía y también la respuesta de la Comisión Europea a la misma. A este sentido responde la decisión de que Javier Zarzalejos presida la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo. Es la primera vez que un eurodiputado del PP ostenta esta responsabilidad desde que tiene responsabilidades legislativas. Como informó ayer el PP, será en ella donde comparezca hoy el comisario Reynders para dar cuenta del informe de derecho de la UE, y donde lo hará quien ostente dicha responsabilidad durante los próximos cinco años. «El PP consigue así el puesto más importante de aquellos a los que aspiraba en la asignación de diputados a cada comisión. Y lo hace en un momento en el que España vive una situación anómala, con el Gobierno criticando a los jueces y con ministros diciendo que en nuestro país las administraciones de justicia prevarican».
Mientras el escenario para la amnistía puede complicarse en Europa en las próximas semanas, en España los recursos en curso de Puigdemont contra las resoluciones de Marchena en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil para las actuaciones judiciales, podrían llevar a que su defensa se plantee la vía del recurso de amparo contra esas resoluciones ante el Tribunal Constitucional a partir del próximo mes de septiembre.
Esto dificulta que se cumplan los deseos de Puigdemont de viajar a Cataluña. Los jueces Marchena y Llarena han aplicado lo que en medios judiciales llaman una triple muralla jurídica procesal contra la aplicación de la amnistía. La primera muralla ha sido con el rechazo directo a aplicarla por el delito de malversación. La segunda es el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de toda la Ley de Amnistía, que será elevada al TC con el pretexto de conocer si es conforme a la Constitución la aplicación de la ley al delito de desobediencia. Y la tercera es la cuestión prejudicial.
