Las indemnizaciones por despido improcedente deberán elevarse en España y el seno del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado a día de hoy por Yolanda Díaz, ya lo plantea. Así lo hizo saber ayer Pepe Álvarez, presidente de UGT, en rueda de prensa. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha fallado finalmente que el coste del despido en España es bajo y que debe incrementarse, después de que desde Estrasburgo se haya dado la razón a una demanda presentada por el sindicato en marzo de 2022, tras establecer que la regulación actual "no protege suficientemente a los trabajadores".
No obstante, cabe subrayar que ya hay juzgados que han decretado pagas superiores a ese límite amparándose en la resolución del Consejo de Europa, según trasladó este lunes Fernando Luján, vicesecretario general de Política sindical. En concreto, mencionan tres fallos de tribunales superiores de justicia: uno en el País Vasco y otros dos en Cataluña. Lo cierto es que la vicepresidenta del Gobierno ha advertido a los empresarios de que reformará el despido.
Asimismo, la ministra de Trabajo apuesta por diseñar herramientas para afrontar los momentos de dificultad empresarial ante la crisis. En cualquier caso, es importante subrayar que, actualmente, y según lo reflejado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año con un tope de 24 mensualidades. En este sentido, los sindicatos siempre han defendido que, con estas condiciones, no se protege al trabajador y las empresas tienen más facilidades a la hora de rescindir el contrato a sus trabajadores.
El objetivo inminente del Ministerio de Trabajo y de su titular, Yolanda Díaz, es llevar a cabo la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Sin embargo, no es la única meta que tiene la vicepresidenta segunda del Gobierno en perspectiva. En cuanto tenga cerrada la rebaja de las horas de trabajo sin merma salarial, el Ejecutivo español se prepara para la reforma del despido.
Asimismo, ha enfatizado que la reforma del despido ya está contemplada en el acuerdo de Gobierno. "Es esencial que el derecho europeo, como hemos hecho con otras materias en nuestro país, se integre en nuestra legislación", afirmó Díaz en declaraciones a la prensa antes de su visita a la Fundación Laboral de la Construcción.
"El despido es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea", señaló ayer Díaz. Sus declaraciones coinciden con la confirmación de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha concluido que la legislación española en materia de despido improcedente "no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos".
En general, el despido improcedente se calcula multiplicando los años de servicio por un determinado número de días de salario por año trabajado (33 días), con un límite de 24 mensualidades o, lo que es lo mismo, 2 años. Sin embargo, la Carta Social Europea señala que el despido no impacta de la misma forma a los trabajadores en función de su situación social o laboral. De ahí que se abre la puerta a que el coste del despido sea variable en función de la empleabilidad futura de la persona despedida, su formación, la situación del mercado laboral donde viva, su riesgo de pobreza, si tiene personas a cargo...
Trabajo ha manifestado ya su firme intención de incorporar la desconexión digital con la empresa para garantizar la reducción de la jornada laboral. En realidad, se trata de incorporar y reforzar la normativa existente, como es, por ejemplo, la ley del trabajo a distancia o incorporarla en la negociación colectiva.
