Manos Limpias ha pedido al juez que investiga a Begoña Gómez por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios que vuelva a citar a declarar a la esposa de Pedro Sánchez como investigada ante la posible comisión de un delito de intrusismo profesional al haber firmado en julio de 2023, sin tener la titulación requerida de Ingeniería Técnica Informática, un pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación de un servicio de asistencia técnica y tecnológica para desarrollar una plataforma para pymes, en el marco de su cátedra de Transformación Social Competitiva.
La acusación popular -que con su denuncia dio origen al procedimiento- ha presentado en el juzgado una ampliación de su querella en relación a la firma de ese pliego, una labor que, según el letrado Carlos Perales, corresponde, conforme al artículo 2.1.c) de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, "a los ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad".
Begoña Gómez, asegura el abogado de la acusación, "carece, salvo que otra cosa pueda acreditarse, de la correspondiente titulación, esto es, de una ingeniería informática, la cual le habilitaría para la redacción de tales documentos", por lo que "la mera redacción y firma de tal pliego, a sabiendas de que se carece de dicho título habilitante y por ello de la capacitación necesaria, hace que tal hecho se subsuma en la literalidad del precepto que castiga el intrusismo profesional".
Manos Limpias reclama además al juez Juan Carlos Peinado que llame a declarar como testigo a Pedro José de la Torre, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que el pasado mayo alertó de este hecho a la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales del ramo. De la Torre pidió que el Colegio ejerciese las acciones oportunas por lo que considera un intrusismo profesional por parte de la esposa de Pedro Sánchez.
El artículo 403.1 del Código Penal castiga con una pena de multa de doce a 24 meses a quien "ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente", incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada, añade, "exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses".
La esposa del jefe del Ejecutivo firmó ese pliego de prescripciones técnicas en el marco de uno de los tres contratos con los que, según la Universidad Complutense, la dirección de la cátedra de Begoña Gómez pudo incurrir en una apropiación indebida. Se trataba, en definitiva, de desarrollar una plataforma de medición de impacto de los objetivos sociales y medioambientales que marca la Agenda 2030, una asesoría técnica que fue adjudicada a Deloitte por 60.500 euros.
Para la acusación popular, resulta "evidente" que la investigada llevó a cabo un acto de intrusismo profesional "toda vez que la misma carece de una titulación oficial en el campo
de la ingeniería informática que la habilite a desarrollar las funciones inherentes de dicha profesión". Y pese a conocer "que no dispone de tal titulación", añade, "invade las competencias propias" de aquella "realizando actos que solo un ingeniero informático está capacitado para desarrollar" según la ley.
En ese pliego de prescripciones técnicas firmado por Begoña Gómez se señala que la UCM está "liderando un proyecto" para poner en marcha un "mínimo producto viable de una plataforma sin ánimo de lucro de gestión y medición de impacto para pymes" con el objetivo de ayudar a las empresas a constatar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en lo referente a "un modelo sostenible que contribuya de forma positiva en las personas y en el planeta".
La cátedra de Begoña Gómez exigió a los profesionales de ese equipo de cinco profesionales al menos tres años de experiencia en proyectos de asesoramiento y estrategia tecnológica y de trabajo para administraciones públicas, con el objetivo de evitar "potenciales riesgos". Al líder del proyecto se le requería una licenciatura en Económicas y Empresariales y más de diez años de experiencia en tecnología. También se buscaba a dos ingenieros de Telecomunicaciones, un ingeniero en Informática o Telecomunicaciones y un titulado en grado de programación o ingeniería informática (en este caso con al menos diez años de experiencia).
