La desconfianza hacia las actividades de Begoña Gómez crecen, pero no se verbalizan.
Los nacionalistas vascos han sido los que más claro han dicho lo que les parece la polémica que rodea a las actividades profesionales de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero cuidando también sus matices. Todo lo que han manifestado se resume en que no hay que confundir lo que es admisible en política con el Código Penal, porque hay comportamientos que, aunque no sean delictivos, no son aceptables y deben pensarse bien antes de hacerlos.
No obstante, en líneas generales, los socios, y especialmente llamativo es el caso de la izquierda de Sumar, de ERC y Bildu, están prefiriendo mirar hacia otro lado, y, en algunos casos, asimilarse con el cierre de filas impuesto por Moncloa a la dirección socialista.
A fin de cuenta, lo que está en juego es la cuota de poder o de influencia que mantienen sobre el Gobierno, y esto explica el diferente nivel de exigencia que aplican a la confusión entre lo público y lo privado que se observa presuntamente en los comportamientos profesionales de Begoña Gómez y la exigencia moral que reclaman a la derecha.
En ese sentido, resulta relevante escuchar las opiniones críticas, en el terreno de la reserva, de algunos de los máximos representantes de los partidos que sostienen al Gobierno y lo que afirman cuando tienen un micrófono delante.
La impresión general es que lo que se está investigando de las actividades profesionales de Begoña Gómez puede no ser un delito, pero las informaciones confirman que no se ha sabido calcular el significado de ocupar la Presidencia del Gobierno y de utilizar el Palacio de la Moncloa «para actividades comerciales privadas».
En ese sentido, a los socios les levantan sospechas la negativa de Begoña Gómez a declarar o los movimientos que se están produciendo en la Universidad Complutense de Madrid. Si bien, igualmente, tienen el agarradero de «disparar» contra la figura del juez Peinado y de hacer suyo, por asimilación también con el discurso de Moncloa, el mensaje de que hay una cruzada de la derecha para tumbar a Sánchez y al Gobierno de coalición que ellos apoyan a cambio de que éste vaya cediendo a sus exigencias.
Esta estrategia le puede funcionar a Sánchez en tanto no aparezcan informaciones más comprometedoras y no haya novedades judiciales, sobre todo del ámbito de la Fiscalía europea, que no ha archivado su investigación por andar por medio el uso de fondos europeos.
Con lo que hoy se conoce, la situación no es una amenaza para la estabilidad de Pedro Sánchez ni pone en peligro el pacto que Moncloa está «peinando» con ERC. El problema de este acuerdo es «estético», es decir, el cómo lo presentan las dos partes a sus respectivas parroquias sin que les suponga un problema.
Esto, por cierto, preocupa más a ERC que a los socialistas que prefieren ceder ahora de nuevo lo que haga falta antes que arriesgarse a una repetición electoral en Cataluña que tendrían un efecto desestabilizador a nivel nacional. Por más que se haya apuntado que el presidente del Gobierno aprovecharía la situación para convocar unas elecciones generales.
Sánchez tiene la sartén por el mango en tanto esté dispuesto a hacer nuevas concesiones, incluso aunque se complique la situación de su mujer y, en consecuencia, también la suya. Para poner sordina a un contexto político y jurídico que ahora mismo no favorece ni a Sánchez ni a su mujer, desde las filas socialistas han empezado a anticipar que «se esté preparado» para las novedades que «dejarán en su sitio» al juez Peinado.
Toda la maquinaria de poder está trabajando para encontrar «hechos» comprometedores que den entidad a la campaña contra él por ser, supuestamente, una «mano» de la derecha para derribar al presidente del Gobierno. Esta también fue la estrategia que siguieron en la última campaña de generales, con el anuncio de una «bomba», que iba a afectar la candidato del PP, y que no llegó a estallar, pese a la insistencia de los medios afines en profetizarla.
