Un juez de Milán condenó esta semana a una periodista italiana a pagar 5.000 euros en concepto de daños y perjuicios a la primera ministra, Giorgia Meloni, por burlarse de su estatura a través de las redes. El juez dictaminó el pasado miércoles que dos publicaciones en las plataformas sociales de la periodista Giulia Cortese, quien también fue condenada a pagar una multa suspendida de 1.200 euros, constituían body shaming.
En octubre de 2021, cuando Meloni aún estaba en la oposición, Cortese publicó en X, antes Twitter, una foto editada en la que la dirigente ultraderechista aparecía de pie delante de una estantería con una imagen del dictador fascista Benito Mussolini de fondo. Meloni reaccionó a través de Facebook diciendo que la imagen falsa era de una «gravedad única» y anunciando que emprendería acciones legales.
«Creo que esta foto falsificada es de una gravedad única», escribió la líder del posfascista Hermanos de Italia. «Ya he dado instrucciones a mi abogado para que emprenda acciones legales contra este despreciable engaño. ¿A esto ha llegado el periodismo de izquierdas?». En el intercambio que siguió, Cortese describió a Meloni como una «mujercita». Luego escribió en otro post: «No me das miedo, Giorgia Meloni. Después de todo, sólo mides 1,2 metros. Ni siquiera puedo verte». El magistrado consideró que el post de Cortese sobre Mussolini no constituía delito, no así sus comentarios sobre la estatura de la hoy primera ministra.
En reacción al veredicto, la periodista declaró a última hora del jueves que el Gobierno italiano tiene un «grave problema con la libertad de expresión y la disidencia periodística» y añadió que podría plantearse recurrir el veredicto. También acusó a Meloni de intentar acallar las voces periodísticas críticas, «un poco como [el primer ministro húngaro, Viktor] Orbán, que según confesión propia le inspira», deslizó.
No es la primera vez que la primera ministra italiana emprende acciones legales contra un periodista o alguien que le ha criticado públicamente. Su Ejecutivo de coalición ha sido acusado por la oposición de centroizquierda de utilizar acciones legales para presionar a periodistas y críticos. En octubre del año pasado, un tribunal de Roma multó con 1.000 euros al reportero antimafia Roberto Saviano, después de que insultara la actitud de Meloni hacia los inmigrantes en un programa de televisión. Antes de la sentencia, varios grupos de control de los medios de comunicación escribieron una carta abierta pidiendo que se archivara el caso de Saviano.
Las asociaciones de prensa han advertido de que las injerencias del gobierno y las demandas contra periodistas han aumentado desde que Meloni llegó al poder en octubre de 2022. Este año, Italia ha descendido cinco puestos –hasta el 46– en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. La Comisión Europea comenzó a supervisar el mes pasado las «tendencias negativas» en el panorama mediático italiano, aunque el informe oficial se ha retrasado desde entonces.
