La acusación popular asegura que enviará al juez un pliego de prescripciones técnicas que la esposa de Pedro Sánchez firmó sin tener la titulación requerida
Manos Limpias quiere que el juez del «caso Begoña Gómez» investigue si la esposa del presidente del Gobierno pudo incurrir en un delito de intrusismo profesional al firmar en julio del pasado año en el marco de su cátedra un pliego de prescripciones técnicas –para la adjudicación por la Universidad Complutense de un servicio de asistencia técnica y tecnológica para desarrollar una plataforma para empresas– sin tener la titulación requerida de Ingeniería Técnica Informática. La acusación popular se hace eco así de la denuncia que el pasado mayo planteó el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro José de la Torre, ante la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales del ramo. En ese escrito, el denunciante pedía a la institución que ejerciese las acciones que correspondiesen por la presunta comisión por parte de Begoña Gómez de un delito de intrusismo profesional. Según las fuentes consultadas, hasta el momento no se ha dado paso alguno en ese sentido, por lo que Manos Limpias quiere plantear al instructor que cite a declarar como testigo a Pedro José De la Torre.
Este es, precisamente, uno de los tres contratos señalados por el letrado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el informe en el que alerta al juez Juan Carlos Peinado de una posible apropiación indebida por parte de la dirección de la cátedra en el desarrollo de esa plataforma de medición de impacto de los objetivos sociales y medioambientales que marca la Agenda 2030. Una asesoría técnica y tecnológica que fue adjudicada a Deloitte por 60.500 euros.
En ese pliego de prescripciones técnicas que firma Begoña Gómez –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– deja constancia de que la UCM está «liderando un proyecto» para poner en marcha de un «mínimo producto viable de una plataforma sin ánimo de lucro de gestión y medición de impacto para pymes». La empresa elegida, precisaba, se encargaría de «dar apoyo» a ese proyecto tecnológico que permitiría a las empresas constatar las pautas para ejecutar «un modelo sostenible que contribuya de forma positiva en las personas y en el planeta».
Tras detallar todos los requisitos técnicos requeridos, el pliego detalla el equipo humano que se precisa, al que se exige de forma global al menos tres años de experiencia en proyectos de asesoramiento y estrategia tecnológica y de trabajo para administraciones públicas, con el objetivo de evitar «potenciales riesgos».
Ese equipo estaba formado por cinco profesionales: el líder del proyecto, un licenciado en Económicas y Empresariales con más de diez años de experiencia en tecnología; dos ingenieros de Telecomunicaciones; un ingeniero en Informática o Telecomunicaciones y un titulado en grado de programación o ingeniería informática (estos dos últimos con al menos diez años de experiencia).
Según Manos Limpias, además de carecer de la titulación oficial habilitante, al tratarse de un acto propio de la profesión de Ingeniería Técnica, un licenciado en Empresariales carece de competencias para dirigir un proyecto de ingeniería informática, mientras que los ingenieros en Telecomunicaciones tampoco pueden llevar a cabo labores de analista de sistema informáticos. Así se pone de manifiesto en la denuncia ante el Consejo General de Colegios de Ingeniería Técnica en Informática, que ponía de manifiesto que los servicios de esa licitación afectaban a «derechos fundamentales de los ciudadanos» al tratarse de un sistema informático para una administración pública.
