El exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, que supervisó la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez, ha asegurado al juez -según fuentes jurídicas, que el rector de la UCM, Joaquín Goyane, le trasladó una consigna clara: "Tenemos que hacer una cátedra para Begoña Gómez". Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante el magistrado Juan Carlos Doadrio, que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según esas mismas fuentes, el testigo ha explicado que avisó a Begoña Gómez de que no podía registrar a su nombre la plataforma desarrollada en el seno de la cátedra para que las empresas pudiesen medir los objetivos de impacto social y medioambiental fijados en la Agenda 2030, una actuación por la que la propia Complutense ha alertado al instructor de una posible apropiación indebida.
Pero según añaden, el testigo no ha precisado si el rector le trasladó esa orden después de acudir al Palacio de la Moncloa -como el mismo Goyane explicó al juez- convocado por Begoña Gómez para proponerle la creación del polémico máster.
También ha comparecido ante el instructor el sucesor de Doadrio en el cargo de vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense, José María Coello, quien ha explicado al juez el mecanismo de la comisión de seguimiento de la cátedra y ha confirmado que la esposa de Sánchez sí asistió finalmente a la reunión convocada el pasado día 2 -tras obligar a aplazar por motivos personales la anterior, convocada dos días antes del fallecimiento de su padre-. En ese encuentro, ha asegurado, la investigada intentó aportar una documentación (que se ceñiría a las memorias de la cátedra), que el vicerrector no aceptó porque consideró que debía haberse remitido ante y ante la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre estos hechos.
En la comparecencia, el juez Peinado ha advertido a las parte de que se enfrentan a posibles multas si filtran las declaraciones realizadas en el marco de la causa.
Fuentes próximas a la defensa de la investigada apuntan que ambos testigos no se han referido a la existencia de posibles irregularidades y hacen hincapié en que Coello, actual vicerrector, no ha aludido durante su declaración al informe de la Complutense que destapa una posible apropiación indebida por parte de la dirección de la cátedra.
Doadrio estuvo al frente de la Comisión Mixta de Seguimiento de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa de Pedro Sánchez, en el seno de la cual se desarrolló la plataforma de medición de impacto social y ecológico para pymes que terminó registrando a su nombre a espaldas de la universidad, según consta en el informe remitido al juez Peinado por la UCM, en el que le insta a investigar una posible apropiación indebida y se queja de la falta de colaboración de Begoña Gómez.
La defensa de Begoña Gómez ha intentado sin éxito impedir las declaraciones de los dos testigos, que pidió al juez que dejara sin efecto al considerar su testimonio "impertinente" e "inútil". Para el letrado, que sigue quejándose de que el juez somete a Begoña Gómez a una investigación prospectiva, no tenían ningún "fundamento" interrogar al actual vicerrector y a su antecesor sobre unos hechos que "no están siendo investigados en el presente procedimiento". Para el abogado, la UCM "nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento".
En el escrito en el que instó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a dejar sin efecto ambas testificales, Antonio Camacho insistía en que la denuncia de Manos Limpias que originó la instrucción judicial "no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid" ni a ningún indicios de una posible actuación delictiva cometida en su seno, por lo que afirmaba no entender qué "aportación" podían hacer "con sus declaraciones un vicerrector de la Universidad Complutense y su antecesor en el cargo a los hechos que se venían investigando".
El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, explicó al juez que Begoña Gómez le convocó en el Palacio de la Moncloa para proponerle la creación de su máster. Unas reuniones en la residencia presidencial que no fueron aisladas, pues el empresario Juan Carlos Barrabés, impulsor de ese máster y a quien Begoña Gómez avaló en dos adjudicaciones públicas con sendas cartas de recomendación, refirió al juez Peinado que acudió en varias ocasiones a La Moncloa para reunirse con la esposa del presidente del Gobierno (hasta ocho veces según algunas acusaciones populares), encontrándose presente Pedro Sánchez en dos de ellas.
El instructor debe decidir ahora si reconoce a la UCM la condición de perjudicada, lo que le permitiría ejercer la acusación particular (algo que el juez le negó el pasado 20 de junio), después de que desde la universidad se alertara por escrito a Peinado de un posible delito de apropiación indebida por parte de Begoña Gómez al registrar a su nombre, a espaldas de la Complutense, la "plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación" en pequeñas y medianas empresas, que se desarrolló en el marco de ese máster que codirigía la esposa de Pedro Sánchez, a quien la UCM reprocha falta de colaboración en la investigación interna abierta para esclarecer si los responsables de la cátedra se apropiaron de ese software cuya propiedad intelectual pertenecería a la universidad.
Para desarrollar esa herramienta se firmaron tres contratos que suman un total de 102.848 euros. El primero, por un importe de 24.200 euros, se pagó a la empresa Making Science Group por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. El objeto del segundo, de 18.148,79 euros, era un servicio de "consultoría y asistencia" para esa misma cátedra, una factura que fue firmada por la propia Begoña Gómez. Y el último tenía por finalidad la asistencia y asesoría técnica y tecnológica "para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la pequeña y mediana empresa", por un montante de 60.500 euros.