Al Ejecutivo se le atraganta la reforma de la Ley de Extranjería presentada esta semana en el Congreso. La falta de consenso entre sus socios, especialmente Junts, condena a la norma a aprobarse de urgencia y sin pasar por la Cámara Baja. Así lo aseguró ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ofreció a los populares que, si apoya el próximo martes la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería presentada esta semana en el Congreso, el Gobierno lo llevará al Consejo de Ministros del próximo martes para aprobarlo como un decreto ley.
De esta forma, la nueva norma se podría aplicar «de manera inmediata» y luego convalidarse con el apoyo del PP treinta días después, señaló Torres a los medios de comunicación durante una visita a Valencia, donde insistió en que es «imprescindible» que el PP lo apoye para que no decaiga y colabore luego en aplicarlo.
Los puentes entre el PP y el PSOE parecen dilapidados. Los populares, tal y como anunció su presidente Alberto Núñez Feijóo en la sede de LA RAZÓN, exigen la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, ya que la actual reforma con la que trabajan los socialistas solo se aplicaría en los territorios de Ceuta, Melilla y Canarias. Asimismo, exigen que se convoque la Conferencia de Presidentes para que las comunidades aborden conjuntamente el colapso de los recursos migratorios y se busque una solución consensuada entre todas.
En plena oleada migratoria –con la llegada de 26.585 personas de manera irregular en lo que va de año, es decir un 89, 6% más y con la previsión de que entren en España otros 70.000 inmigrantes ilegales hasta el final de año– el líder del PP acusó ayer al Gobierno de culpar a las comunidades y a la oposición en lugar de haber legislado hace meses. Alberto Núñez Feijóo se niega a entrar en el «juego» de Pedro Sánchez, que aspira a contar al menos con la abstención del PP a su reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso los próximos días: «Cuando no puede pactar con sus socios, ¿tenemos la responsabilidad?», le reprochó ayer. «No somos socios de Sánchez, somos su alternativa» recordó, que afea que «cuando Sánchez no es capaz de pactar con sus socios», le pone el peso de la responsabilidad a la oposición.
Paralelamente, cabe recordar que el PP es socio de gobierno de Coalición Canarias en las islas. Allí sus dirigentes se mostraron favorables al reparto de migrantes. Así las cosas, sin abstención en Madrid podrían desencadenarse ciertas tensiones en la coalición de gobierno en el archipiélago.
En cuanto a la propuesta presentada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, el principal punto es la reforma del artículo 35, referente a los menores extranjeros no acompañados. La norma busca introducir el concepto de «situación de contingencia migratoria extraordinaria» en Canarias, Ceuta y Melilla. Se activaría cuando se produzca una «sobreocupación» en la que el número de menores migrantes no acompañados supere el 150% de las plazas disponibles en el sistema. Una de las cuestiones fundamentales para las comunidades del PP es la financiación ya que un menor supone a las comunidades unos 200 euros al día. El PP para negociar la reforma de la ley exige un fondo de contingencia extraordinario para sufragar los gastos.
