La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha puesto en guardia al juez Juan Carlos Peinado, instructor del "caso Begoña Gómez", sobre lo que considera indicios de un delito de apropiación indebida por parte de la esposa del presidente del Gobierno en el marco de su cátedra de Transformación Social Competitiva.
En un informe remitido al juez Juan Carlos Peinado, la Universidad Complutense detalla la investigación interna que llevó a cabo en relación a una presunta "apropiación indebida" por parte de miembros de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que codirigía Begoña Gómez, de los derechos de propiedad del software desarrollado en el seno de ese máster con el objetivo de esclarecer "si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria".
En ese escrito, el letrado de la universidad hace referencia a tres contratos por un total de 102.848 euros para el desarrollo de "de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad", en referencia a esa "plataforma o software". El primero, por un importe de 24.200 euros, se pagó a la empresa Making Science Group por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. El objeto del segundo, de 18.148,79 euros, era un servicio de "consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva". Y el último tenía por finalidad la asistencia y asesoría técnica y tecnológica "para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la pequeña y mediana empresa", por un montante de 60.500 euros.
El informe incide en que el artículo 194 de los estatutos de la Complutense dispone que el patrimonio de la UCM "está constituido por el conjunto de todos sus bienes, derechos u obligaciones" y que forman parte del patrimonio de la universidad "los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que esta sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de las fundones que le son propias"
La Universidad Complutense traslada al instructor que "las actividades de investigación realizadas no permiten" al centro "alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia. o no de perjuicio sobre su patrimonio", sobre todo -subraya- "por la falta de colaboración de determinados intervinientes". Y dado que carece de "potestades que obliguen a la colaboración", remite al magistrado las actuaciones llevadas a cabo a fin de que sea él quien intente averiguar "si en la conducta de la los órganos de dirección de la cátedra han existido conductas no ajustadas a derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio de esta universidad pública".
Esa falta de cooperación y "la complejidad del tema", concluye, ha llevado a la universidad a constatar que no podrá alcanzar "por sus propios medios" una conclusión definitiva "más allá de los indicios existente", por lo que deja en manos de Peinado la continuación de las pesquisas, aunque hace hincapié en que si ve indicios de delito admita su personación en la causa como perjudicada en calidad de acusación particular.
