Su defensa insta a Llarena a precisar por qué la norma puede ser contraria a la Carta Magna antes de posicionarse sobre la posibilidad de acudir al Constitucional
Carles Puigdemont insta al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena a precisar qué preceptos de la Constitución puede vulnerar la Ley de Amnistía antes de pronunciarse sobre la posibilidad de llevar la norma al Tribunal Constitucional (TC), un trámite que en todo caso considera "una pérdida de tiempo" que solo servirá para retrasar la aplicación de la polémica norma, dado que según defiende no adolece de "ninguna tacha de inconstitucionalidad". De hecho, su defensa sostiene que se trata solo de "un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida".
Así lo pone de manifiesto su abogado, Gonzalo Boye, en un escrito remitido al instructor de la causa del "procés" después de que Llarena instase a acusaciones y defensas a posicionarse sobre la pertinencia de plantear ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad con el fin de que esclarezca si amnistiar el delito de desobediencia que imputa al expresident (el magistrado ha excluido la malversación del ámbito de aplicación de la ley) va o no en contra de la Carta Magna.
Pero el letrado de Puigdemont replica que no puede pronunciarse al respecto hasta que Llarena no determine con claridad por qué puede ser contrario a la Constitución amnistiar el delito de desobediencia. Y es que Boye se queja de que la resolución en la que dio a las partes diez días para fijar su posición al respecto "carece de cualquier concreción que permita vislumbrar cuál sería la tacha de inconstitucionalidad" sobre la que debería pronunciarse el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.
En estas condiciones, se queja, "resulta complicado para las partes formular un pronunciamiento preciso y fundamentado sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad". Una carencia que según su criterio constituye una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y del derecho a la defensa.
Para poder abordar "de manera efectiva" la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, señala el abogado de Puigdemont, "es esencial que se identifiquen claramente las dudas específicas de validez constitucional que se plantean". Sin esa información "crucial", asegura, cualquier intento de evaluar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía "se convierte en un ejercicio teórico y abstracto, desprovisto del contexto necesario para una deliberación informada" que resulte útil a efectos procesales.
No obstante, deja claro que según su criterio la polémica ley "no incurre en ninguna tacha de inconstitucionalidad y, por tanto, un planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad solo conllevaría una innecesaria pérdida de tiempo de cara a la propia aplicabilidad de la norma".
Para el abogado del líder independentista, "no se han identificado, a priori, elementos que contravengan los principios constitucionales fundamentales, tales como la separación de poderes, el derecho a un juicio justo, y la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas". La Ley de Amnistía, defiende, "ha sido diseñada y aprobada dentro del marco constitucional vigente, cumpliendo con los procedimientos legislativos y las garantías democráticas establecidas".
El letrado afirma que acudir al TC sería únicamente "un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida", lo que afectaría al derecho de los procesados a un juicio sin dilaciones indebidas y a "la eficacia de la Administración de Justicia", socavando "la confianza en el sistema judicial".
"Es esencial que se proporcionen detalles específicos y fundamentados para permitir un análisis completo y riguroso" reitera. De otro modo, denuncia, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad "no solo resultaría improcedente, sino también perjudicial para la eficiencia y la credibilidad del proceso judicial".
"Sin una exposición detallada de las dudas de validez constitucional, se crea una situación de incertidumbre que dificulta la labor de las partes y pone en entredicho la objetividad y la equidad del procedimiento judicial", se queja Boye. "¿Se nos está pidiendo que indaguemos en la mente del magistrado? ¿Cómo podemos pronunciarnos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma si no se nos indican qué preceptos serían los que estarían viciados de inconstitucionalidad?", se pregunta.
Sin esa precisión, concluye, cualquier intento de evaluar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía "corre el riesgo de ser superficial e incompleto, con consecuencias potencialmente graves para la Administración de Justicia" y para el propio Puigdemont.
